Fuentes del Gobierno reconocen abiertamente que la fecha que finalmente elija Quim Torra para celebrar elecciones en Cataluña puede condicionar el apoyo de ERC a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2020, si la tramitación de los Presupuestos coincide con la convocatoria a las urnas.
Por el momento, Pedro Sánchez no tiene atados los Presupuestos, y ahora se dispone a desplegar las negociaciones, que según Moncloa empezarán con ERC. Este martes, la portavoz del Gobierno afirmaba que, en cualquier caso, los Presupuestos no se presentarán al Congreso hasta que no cuenten con los apoyos suficientes para garantizar al menos su tramitación.
En ese sentido, el calendario que el Gobierno baraja no es antes de finales de mayo o del mes de junio, con el objeto de que las Cuentas Públicas de 2020 quedasen aprobadas antes de que concluya el verano.
No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez alberga la esperanza de que Esquerra se muestre firme, e ignore las proclamas de Carles Puigdemont, como así ocurrió este fin de semana en Perpiñán, donde el expresident animó a preparar "la lucha definitiva" contra el Estado, ante las dudas que le suscitan los resultados de la mesa de diálogo con el Gobierno español.
Una cuestión de poder
Ahora bien, la ministra portavoz no descarta que pueda "haber algunas novedades", en el sentido de que el Gobierno asuma la imposibilidad de sacar adelante las Cuentas en el presente ejercicio. Una posibilidad que tendría que ver, admite el Ejecutivo, con la situación política en Cataluña y la fecha de las elecciones catalanas, siendo conscientes de que los actuales socios del Govern, ERC y Junts, pugnan por la hegemonía de un espacio independentista y de que la estrategia de los segundos pasa por erosionar a los primeros, echándoles en cara los pactos con el PSOE de Pedro Sánchez, de quien recuerdan, apoyó el artículo 155 en Cataluña.
El Gobierno de coalición admite sin ambages que empieza a mirar ya al horizonte de 2021
De ahí que el Gobierno de coalición admita sin ambages que empieza a mirar ya al horizonte de 2021, añadiendo a sus argumentos que los compromisos del Ejecutivo con las fuerzas parlamentarias tendrán al menos dos ejercicios presupuestarios para poder cumplirse.
No en vano, el Gobierno también aprobó el jueves de la semana pasada la senda de estabilidad fiscal de 2021-2023 –incluyendo el techo de gasto de 2021, 3.000 millones más, un concepto que no se vota en el Congreso–, con el fin de tener las manos libres para presentar el borrador de los Presupuestos de 2021, sin necesidad de someter de nuevo ante el parlamento otra senda de estabilidad presupuestaria.
"Por necesidad"
Horas más tarde, y esta vez desde el Senado, la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, subrayó la necesidad de que vean la luz los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 "lo antes posible" para reducir el déficit público. Asimismo, la vicepresidenta económica señaló que el Gobierno del Partido Socialista es "el primero en tomarse en serio la reducción de la deuda".
