Bruselas
Los diplomáticos, negociadores y los altos cargos comunitarios coinciden. Si la negociación del presupuesto plurianual europeo es muy complicada, la del próximo periodo (2021-2027) resulta especialmente endiablada. Principalmente por la salida del Reino Unido, que deja un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones de euros al año, justo cuando se han añadido prioridades a las grandes partidas: cohesión y agricultura –tradicionalmente dos terceras partes del gasto comunitario–. A pesar de ello, un grupo de contribuyentes netos –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia– no cede terreno y quiere limitar el gasto al 1% del PIB europeo, frente al 1,11% que pidió la Comisión Europea.
Con unas aguas tan agitadas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, intentará facilitar un acuerdo entre los 27 líderes de la UE a partir de este jueves en una cumbre que nadie sabe cómo discurrirá, ni cuándo puede terminar. Lo que si se sabe antes de que arranque es que se necesita la unanimidad. El punto de partida será su propuesta de un gasto de 1,094 billones de euros (1,074% del PIB de la UE), criticada por los países que piden más ambición, los que quieren meter la tijera y también por el Parlamento Europeo, que pide el 1,3% del PIB europeo. El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, señaló el martes "nos separan 230 mil millones de euros". La ministra de Exteriores, Arancha González, describió la propuesta como "injusta", sobre todo por el recorte del 14% que daba a los fondos agrícolas respecto al marco actual.
Urgencia por cerrar el acuerdo en esta cumbre
Por eso, son pocos los que confían en que se pueda cerrar el acuerdo esta semana, y esperan que la fumata blanca llegue durante la presidencia germana de la UE, en la segunda mitad del año. Sin embargo, las voces de alerta han empezado a surgir en las plantas nobles de la Comisión y del Consejo, advirtiendo sobre la necesidad de cerrar un acuerdo no solo en los próximos días o semanas, sino incluso en esta cumbre. "Vamos más tarde que en el pasado marco plurianual", señaló un alto cargo comunitario. En 2013, los líderes llegaron a un acuerdo el 2 de febrero sobre el volumen del presupuesto y su distribución. Ese acuerdo desbloqueó el resto del trámite que debe atravesar el presupuesto plurianual en la Eurocámara y el Consejo, y la aprobación de sus políticas sectoriales como la Agricultura y la Cohesión para el próximo periodo. El visto bueno de los eurodiputados no llegó hasta noviembre, y el trámite se concluyó en diciembre.
La UE tiene sobre la mesa cumbres con terceros países, como con África, que necesitan claridad sobre sus cuentas futuras. Y dedicar más tiempo y energía a cuadrar las diferencias sobre unas décimas (o centésimas) robaría atención a otras prioridades urgentes, como la migración o la agenda digital. Si no se cierra en los próximos días, en Bruselas temen además que las negociaciones entre la UE y el Reino Unido contamine la batalla presupuestaria, tensando la relación entre los socios y alejando incluso más el acuerdo. La discusión sobre la negociación futura con Londres arrancará a principios de marzo, una vez adopten los estados miembros el mandato negociador seguramente el 25 de febrero. El acuerdo con el Reino Unido debería cerrarse en otoño, para que quede ratificado antes de que termine el periodo transitorio el 31 de diciembre.
Si no se consigue cerrar el marco plurianual a tiempo para que entre en vigor el 1 de enero de 2021, un alto cargo comunitario incluso habló de un "escenario terrorífico". Explicó que las grandes partidas de gasto quedarían suspendidas, porque se necesita la base legal para el desembolso, e incluso los contribuyentes netos no recibirían sus cheques, con los que se les devuelve parte de sus aportaciones nacionales.
A pesar de las bajas expectativas en la cumbre del jueves, fuentes próximas a la negociación apuntan los argumentos por los que el acuerdo podría ser posible. Entre ellos, el aumento de los fondos para Cohesión en 6.500 millones de euros, en comparación con la última propuesta de los finlandeses, además de la transferencia de recursos de las regiones más ricas a las menos desarrolladas. Añaden que, aunque se plantea la eliminación de los cheques, no se ha puesto cifras ni sendas para aligerar la presión de los parlamentos nacionales de los contribuyentes netos sobre los jefes de sus Ejecutivos. A pesar de que se incluye la condicionalidad adicional del respeto al Estado de Derecho para los desembolsos, se reduce el automatismo para su aprobación, una línea roja absoluta para húngaros y polacos.
