Los primeros presupuestos del Gobierno británico para el futuro post-Brexit evidenciarán el 11 de marzo el alcance de la concentración de poderes instigada por Boris Johnson para centralizar en el Número 10 la política económica, una vez abandonada la Unión Europea y con el poder absoluto que le otorga su holgada hegemonía. El ministro del Tesoro confirmó ayer que la fecha prevista se mantenía, pese a haber aterrizado en el cargo a cuatro semanas de la presentación de unas cuentas que inaugurarán una nueva era de laxitud fiscal, con una mayor expansión de gasto, una ambiciosa inversión en infraestructuras y una notable relajación de los ajustes planteados durante la reciente campaña electoral.
Para el ministro que el pasado jueves había aceptado mudarse al Número 11 de Downing Street bajo unos términos que su antecesor, Sajid Javid, consideró que nadie con un "mínimo respeto hacia sí mismo" podría permitir, el reto será sacudirse la etiqueta de marioneta del primer ministro y su entorno. La dimisión de Javid estuvo provocada por la integración del equipo de asesores del Tesoro a la maquinaria del Número 10, una maniobra con la que Johnson se ha garantizado la última palabra en el control y disponibilidad de la capacidad inversora.
De ahí que el recién llegado, Rishi Sunak, tuviese que pasarse el martes por una de las residencias oficiales del premier en el rural inglés, para identificar las apuestas estratégicas que se presentarán el 11 de marzo. Javid había decidido que el gasto corriente de los departamentos ministeriales no pudiese tirar de préstamo dentro de tres años, sino que se mantuviese equilibrado, una restricción que había causado fricciones con el Número 10, las mismas que el primer ministro ve ahora cómo desaparecen, junto a los límites a la apertura del grifo de gasto y a su inicitiativa inversora.
La previsión ahora es que Sunak relaje las reglas de su exjefe, aunque también se esperan medidas controvertidas patrocinadas por el círculo del primer ministro, como un asalto tributario a los activos de las clases acaudaladas, como la controvertida "tasa de las mansiones", un tributo específico para las propiedades de mayor valor, o ciertas medidas sobre los fondos de pensiones.
El objetivo de esta medida es garantizar disponibilidad financiera ante los cambios clave a los que se enfrenta el Reino Unido este año, cuando está obligado a hallar un nuevo encaje para relacionarse con la Unión Europea, o aceptar la imposición de barreras y tarifas comerciales para el mercado al que remite el 50% de sus ventas al exterior y del que importa la mitad de sus productos.
