En plena crisis por la situación financiera de la Seguridad Social y la cuestión de la revalorización de las pensiones en boga tras la suspensión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el último Consejo de Ministros del año hasta que se logre conformar un Ejecutivo en plenitud de funciones, el Pacto de Toledo -órgano parlamentario encargado de fijar las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones- roza el año de inactividad desde que se fracturase la Comisión allá por finales del pasado mes de febrero del 2019.
En este punto, cabe recordar que las últimas reuniones de trabajo de la Comisión tuvieron lugar allá por febrero de este ejercicio por lo que casi se cumple el año de inactividad, superando los 300 días a cierre del mes de diciembre y con la previsión de que el órgano no se conformará nada más volver del parón navideño por lo que aún se demorará la publicación definitiva de los componentes encargados de abordar los aspectos más peliagudos de la reforma del sistema de pensiones.
Como recuerdan fuentes cercanas a la Comisión parlamentaria, desde el día 3 de diciembre –cuando se constituyeron las Cortes de nuevo tras la celebración de una repetición electoral el pasado 10 de noviembre– el Congreso tiene la posibilidad de articular las comisiones ministeriales si bien parece que, a diferencia de lo ocurrido en el mes de septiembre, los partidos se esperarán a estar seguros de que la legislatura hecha a andar para dar forma al club de los elegidos que enjugarán las soluciones que precisa la Seguridad Social española para garantizar su sostenibilidad durante las próximas décadas.
La última intentona de dar luz verde de nuevo a la Comisión, el pasado mes de septiembre, no calculó los desmanes que pudiera generar el fracaso de la investidura del Ejecutivo –en el último intento de Pedro Sánchez– donde el desacuerdo con Unidas Podemos y la posterior convocatoria electoral para el mes de noviembre precipitaron la disolución de las comisiones conformadas durante esos días.
El alza de IPC, en el retrovisor
Las dos puntas de lanza de la negociación que afrontan los nuevos miembros del Pacto de Toledo tiene nombre y apellidos: la separación de fuentes de financiación del Sistema por un lado y la fórmula de revalorización por otro. En ambos puntos, especialmente en el segundo de ellos, se llegó a alcanzar un amplio consenso por parte de los partidos representados en la comisión parlamentaria de modo que se acordó la progresiva derivación de los gastos de la Seguridad Social que no sean estrictamente contributivos, mientras que en el segundo de los puntos se decidió que la revalorización anual se realizase conforme al "IPC real".
Sin embargo, este mismo consenso que ha amparado las subidas de los dos últimos años al albur del pacto presupuestario de 2018 del PP de Mariano Rajoy con el PNV –Presupuesto prorrogado y aún vigente– puede no encontrar el mismo volumen de apoyos en una nueva mesa negociadora. Ahí, de entrada, se podría encontrar con la contestación de Vox. Pero no solo eso, el propio PP podría encontrar ahora nuevos argumentos para revivir el denostado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) –y al cual renunció de facto en el mencionado acuerdo presupuestario– apoyándose aquí en las tesis del partido de Santiago Abascal.
Cabe recordar, que desde la rúbrica de las Cuentas de 2018 la reforma del sistema de pensiones impulsada por el PP en 2013 quedó suspendida al no aplicarse los dos pilares de la medida: el IRP que fija subidas de las pensiones del 0,25% hasta alcanzar el equilibrio financiero en las cuentas de la Seguridad Social y la introducción del Factor de Sostenibilidad que liga el cálculo de la pensión de jubilación a la esperanza de vida del beneficiario –ambas medidas suponían una merma en la cuantía de las pensiones abonadas en los próximos años–.
Adiós a la unanimidad
Con todo ello, está claro que uno de los principales objetivos de la nueva Comisión del Pacto de Toledo debe ser probar su efectividad para llevar a cabo la tarea encomendada, en un momento en el que se esperan pocos consensos con la concurrencia en la misma mesa de trabajo de partidos tan alejados en materia económica como pueden ser Unidas Podemos y Vox.
De hecho, ya son varias las voces dentro de la Comisión que apelan a un acuerdo de mayorías amplias para la reforma del sistema con la aceptación de votos particulares en algunas de las recomendaciones para dar salida a una labor que encara en este 2020 su cuarto año de vigencia y que supone la piedra de toque del futuro de las finanzas públicas por ser la partida presupuestaria de mayor volumen, que alcanza el 13% del PIB con previsión de situarse en el 14% en las próximas dos décadas.
