La paz en la estiba está a punto de saltar por los aires. Las negociaciones del V Convenio Colectivo lleva meses atascada en varios puntos conflictivos y el tiempo para firmar los nuevos acuerdos se está acabando. En concreto, el próximo 31 de diciembre concluye el plazo para adecuar el convenio a la nueva normativa y, ante la falta de avances, los estibadores han decidido meter presión para forzar a los empresarios a ceder.
Así, UGT, CCOO y Coordinadora de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario, han convocado una huelga entre el 25 y el 30 noviembre con la que buscan paralizar de nuevo los puertos. El primer día se celebrará un paro de 24 horas y en los días siguientes será en horas alternas. Pese a que no es la primera vez que los estibadores amenazan con huelgas, en esta ocasión la tensión entre la patronal Anesco y el sindicato que dirige Antolín Goya es máxima ya que los empresarios se niegan a introducir una serie de cláusulas que podrían ser consideraran ilegales por la UE y la CNMC, ya que limitan la libertad de contratación y la libre organización del trabajo y blindan del poder del colectivo sobre la actividad de la estiba y desestiba.
El próximo 31 de diciembre concluye el plazo para adecuar el convenio a la nueva normativa
Los estibadores tienen mucha prisa para cerrar el V Convenio Colectivo, que lleva cinco años negociándose, con los mismos puntos del IV Convenio ante de que decaiga y desaparezcan. Muchos de estos puntos fueron declarados ilegales por el tribunal de justicia de la UE por limitar la libre competencia y libre establecimiento de empresas en nuestro territorio.
"En el caso de que no se adapten los acuerdos a nueva norma la profesión de la estiba queda en un limbo legal sin ninguna garantía para los trabajadores, pues los convenios colectivos serán nulos", asegura Coordinadora en un comunicado. Y es que, el Real Decreto ley 9/2019 de 29 de marzo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para blindar la subrogación obligatoria de los trabajadores portuarios incluye una disposición adicional que dice que deben adecuarse a esta norma todos los convenios antes de diciembre.
El texto aprobado por Sánchez ha sido cuestionado por la CNMC que considera que, en alguno de sus artículos, podría ir en contra de la constitución de la UE. El superregulador señala que, tras la sanción impuesta a España por impedir la libre contratación de trabajadores por parte de los operadores de la estiba, el Real Decreto "otorga de nuevo a los agentes la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas en el personal de la SAGEP (sociedades portuarias)", lo que está en línea con los Acuerdos Marco firmados en 2017 entre los operadores y los sindicatos. Unos pactos que la CNMC vio ilegales al considerar que "suponen una restricción al derecho de separación y libre competencia" y contra los que incoó un expediente sancionador en noviembre de 2017.
Controlar el trabajo y miedo a las multas
Más allá de la subrogación obligatoria, que llevó a la patronal de la estiba a romperse en dos, los otros frentes abiertos son el control de la formación y la organización del trabajo, uno privilegios que no quieren perder. Y es que, Coordinadora quiere mantener el status quo y decidir quién puede ser o no estibador mediante la vigilancia de la formación al otorgarse la capacidad de decidir quién está preparado y quién no. Un derecho que limita la libre contratación. La organización del trabajo significa que las antiguas Sageps son las que deciden cuántos estibadores se necesitan para descargar un buque y durante cuántas horas.
"Los empresarios tienen miedo a firmar un convenio que incluya acuerdos considerados ilegales por Competencia"
"Los empresarios tienen miedo a firmar un convenio que incluya acuerdos considerados ilegales por Competencia, volver a ser investigados y tener que pagar multas millonarias". Un miedo que se agravó después de que Competencia preguntara a la UE si el Real Decreto de Sánchez es ilegal.
Coordinadora ha tachado a Anesco de "dilación y mala fe" en la negociación por el retraso que acumula el nuevo acuerdo marco del sector. Un marco normativo que considera "vital cerrar sin demora". Tal es así, que este jueves el sindicato acudió a la reunión con la patronal, de la que forma parte APM, Boluda o NSC, con un documento que consideró cerrado y definitivo y que los empresarios se negaron a firmar sin negociar antes algunos puntos y revisar otros. En este punto se espera que haya encuentros la semana que viene.
Por su parte, Jorge García Faerna, presidente del comité de empresa del CPE de Valencia, señala que la huelga se convoca porque Anesco "ha eludido su responsabilidad de negociar". "Lo que está pasando es que cuando se soluciona una cuestión aparecen elementos distintos, nuevas barreras para el acuerdo. Siempre hay alguna pega nueva que genera discordia. No son cuestiones concretas relevantes, es una actitud. Y esta actitud culmina con una reunión en la que no aparecen", sentencia.