El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de encontrar la fórmula para hacer efectiva el anticipo de las entregas a cuenta en el mes de diciembre a las CCAA. Este viernes, la ministra de Hacienda anunciaba el real decreto-ley que el Ejecutivo llevará a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para liberar 4.682 millones para las administraciones regionales, y 821 para las entidades locales. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no ha puesto ningún impedimiento para hacer realidad una demanda que venían exigiendo todas las comunidades. La decisión llega por tanto, a un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con un gobierno en funciones y con unos presupuestos generales prorrogados.
Haciendo uso de la Diputación Permanente, órgano cuyo uso fue discutido en las pasadas elecciones con la aprobación de los 'viernes sociales', el Gobierno llevará en breve el real decreto-ley del anticipo de las entregas a cuenta, uno de los principales temas de la actualidad política del verano y que provocó un rosario de contradiciones por parte del Ejecutivo socialista.
A unos días de que se celebren elecciones, en el tiempo en el que las inauguraciones o las declaraciones estrella de los dirigetes políticos están en entredicho en el protocolo político, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido dar luz verde para a este roto en el bolsillo de las autonomias y las entidades locales, que desde luego hubiera sido de gravedad a partir del 15 de diciembre.
"Un hito"
Con éxito vendía este viernes la ministra de Hacienda la actuación, subrayando una decisión "sin precedentes", "un hito", para que las CCAA no tengan supeditados sus servicios por un Gobierno en funciones o con unos presupuestos prorrogados, como es el caso de este Gobierno.
"Hemos sido claros. Buscábamos una solución", resaltó María Jesús Montero, señalando que ahora ya nadie podrá ser "víctima" del momento en el que se encuentre un Gobierno central. Así pues, resulve la ministra, encontrada la "vía", de cara la propia Ley de Financiación Autonómica, ésta se incluirá en la ley orgánica, aunque de momento, hay que conformarse con un decreto por el camino de la Diputación Permanente.
Los argumentos del cambio
Montero iniciaba el relato, subrayando que el bloqueo de esta medida venía del informe de la Abogacía del Estado indicando que el anticipo no se podía llevar a cabo porque condicionaba la actuación del Gobierno entrante. Eso sí, la ministra también dijo que cuando solicitaron este prebenda era posible la conformación de un ejecutivo, pues fue en la etapa de la negociación de la investidura, resolvió Montero. De modo, que, la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez no interfería con la de un Gobierno entrante, porque quedaban "40 días para la constitución de un gobierno". Tampoco, añadió, interferiría en las cuentas de 2019, pese a que en 2019 no se han aprobado presupuestos.
Entre los argumentos que han modificado la posición de la Abogacía del Estado, Montero justifica que "había que demostrar que estábamos ante una situación de urgencia", como ya adelantó en su momento elEconomista, y como el propio informe de la Abogacía recogía en el quinto fundamento.
Monotorizadas las cuentas de las distintas administraciones, tanto las regionales como la locales, "nos encontramos con algunas comunidades con dificultades de pago en noviembre", mantenía entre sus argumentos, sosteniendo la responsabilidad del Gobierno habilitando el anticipo de las entregas a cuenta, sujetas a unos Presupuestos Generales en los que, por ser prorrogados, no recogen el aumento de ingresos, y por tanto, la cantidad extraordinaria que este año corresponden a estas administraciones.
En estos términos, el importe que se aprueba por real decreto-ley será de 4.682 millones de euros, más 2.136 que ya han recibido de más por la prórroga presupuestaria, lo que eleva la cantidad en números absolutos a 102.00.800 millones. En cuanto las entidades locales, la cantidad que recibirán en diciembre será de 821 millones, dejando la cifra total en 18.800.079 millones, un 4,6 por ciento más que en 2019.
La titular de Hacienda habló de una liquidación "francamente positiva", que rondará los 10.000 millones de euros
Montero también se refirió a la liquidación del IVA que se les debe a las CCAA, alrededor de 2.500 millones de euros, que de momento, habrán de esperar. Señala la ministra que ella misma ya advirtió en el debate de Presupuestos Generales que este desembolso no se podría hacer sin Cuentas Públicas nuevas, porque esto requiere de unos ajustes en términos de contabilidad nacional.
A propósito de la tasa Google, y en la tesis de armonización fiscal, la titular de Hacienda adelantó que el Gobierno está estudiando la iniciativa de la OCDE, que en su opinión, guarda muchas similitudes con la del Ejecutivo de Sánchez. No obstante, y manteniendo que la conveniencia de un debate sobre la materia, Montero dijo que siguen firme en impulsar este impuesto dentro de "una normativa común".
En cuanto a la liquidación de los cuentas de 2018, que se pagará en 2020, la titular de Hacienda habló de una liquidación "francamente positiva", que rondará los 10.000 millones de euros.
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