En base a las previsiones de inflación para España que manejan los principales organismos internacionales, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha realizado un desembolso de 625 millones de euros de más en concepto de revalorización de las pensiones para el presente ejercicio.
Concretamente, el Ejecutivo socialista calculó al inicio de año que la variación de los preciso se situaría a finales del presente ejercicio en el 1,6%, si bien la Comisión Europea ya ha rebajado estas expectativas para nuestro país en las proyecciones de los principales indicadores publicada al inicio de verano hasta el entorno del 1,1%. Esa diferencia de hasta cinco décimas de IPC es la que provoca el sobrecoste en el gasto.
Cabe recordar que a finales del 2018, el Ejecutivo socialista aprobó un Real Decreto-ley en el que se fijaba la revalorización de las pensiones en el 1,6% para 2019 en base a la inflación prevista para el conjunto del año. Una medida que emana del acuerdo de Presupuestos Generales de 2018, aún vigente, alcanzado entre el PP y el PNV por el cual se daba un estocazo al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) de la reforma del 2013 -impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy- y se volvía a vincular la cuantía de las pagas a la evolución de la inflación.
Ahora bien, la tendencia de los precios de bienes y servicios de consumo muestra un comportamiento alejado de lo previsto, situándose las estimaciones más optimistas -las del FMI y el propio Ministerio de Economía- en el entorno del 1,2%, lo que provocaría una desviación de cuatro décimas porcentuales que repercutirían en un gasto extra de 500 millones de euros. Una moderación de precios que ha jalonado el abaratamiento de los precios de los productos energéticos en la segunda parte del primer semestre del año, con un gran impacto en el mix de inflación español al ser un país energéticamente dependiente del exterior.
En este sentido, cada décima de menos que registre el IPC a final de año respecto a la previsión del 1,6% significará que el Gobierno ha pagado 125 millones de más a los pensionistas por la subida anual. Es decir, atendiendo a las últimas estimaciones este sobrecoste para el Estado se encontrará entre los 500 y los 625 millones de euros. Precisamente, la cuantía en que el colectivo de los pensionistas ha visto crecer su poder adquisitivo.
Una ganancia que, más allá, no se producía desde el año 2016, cuando a pesar del alza de las pagas del famoso 0,25% que efectuó el PP hasta el 2017 batió la inflación de ese año, que fue negativa, con un registro del -0,2%. No en vano, mucho menor que la pérdida de poder de compra que se sufrió un año después con esa misma revalorización pero con un IPC que cerró el 2017 en 2%.
Alza del gasto
Además, este gasto extra que asume el Gobierno no es baladí en el contexto financiero que atraviesa la Seguridad Social. De entrada, la vinculación de la pensiones al IPC -elemento que también acordó en septiembre del pasado año el Pacto de Toledo- elevará el gasto en casi 40.000 millones hasta 2022, mientras que el presupuesto para el pago de pensiones en este año ronda los 151.500 millones de euros. Cifras, ambas, que se establecen en base a la coincidencia de la subida efectuada a inicio de año y la inflación registrada al final.
De hecho, en febrero el organismo dirigido por Magdalena Valerio abonó la paga compensatoria a los pensionistas de unos 13 euros de media por beneficiario, por la desviación de la inflación en 2018. En ese caso se trató de una décima de desviación por la diferencia de la revalorización aprobada por el Gobierno del 1,6% en 2018 y la media de las tasas interanuales de IPC del 1,7% (contabilizado desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018). Esa desviación de una décima suponía unos 125 millones de euros, que se una vez consolidada para aplicar la subida de este año, supuso un desembolso para la Seguridad Social de unos 254 millones de euros.
En este sentido, los jubilados españoles han visto cómo su pensión se ha incrementado en 65,14 euros de media respecto a la nómina que percibían en 2018, producto de las subidas efectuadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez -la de agosto de 2018, enero de 2019, además de la compensatoria del mes de febrero-.
Sin embargo, esta situación podría tener fin el próximo 2020, cuando según la actual situación política obligaría al Ejecutivo a volver a las revalorizaciones del 0,25 por ciento. La revalorización con el IPC tiene cabida legal en el acuerdo PP-PNV por un periodo de dos años (2018-2019), pero la falta de unas nuevas Cuentas impedirían llevar a cabo la subida con el IPC ya que la ley que vigente sería la de la reforma del PP de 2013 con el IRP como referencia para actualizar las pagas.
