La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que iniciará los trámites legales para llevar al Estado ante los tribunales por no haber transferido los ingresos pendientes de 2019.
En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consejera ha rechazado el argumento legal del Ejecutivo central para no hacer efectivo el pago -que es un Gobierno en funciones- porque "es una acción administrativa ordinaria y es legalmente exigible a un Gobierno en funciones".
"Una vez más, el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones", ha reprochado, y ha afirmado que otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de Cataluña y estudian emprender medidas legales.
En el mismo orden de cosas y ante la queja por parte de los Populares, el Gobierno ha aclarado hoy al PP que aún no tienen el informe de la Abogacía del Estado argumentando que un Ejecutivo en funciones no puede transferir a las Comunidades Autónomas más financiación, pero que el Ministerio de Hacienda está a la espera de recibir "en breve" un escrito en este sentido.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha consultado a la Abogacía si el Gobierno, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. La respuesta de los servicios jurídicos del Estado fue, según la ministra, que un Gobierno en funciones no puede dar este paso, por lo que Montero se comprometió a aprobar estas transferencias a las autonomías cuando se constituya un nuevo Ejecutivo.
El PP reclamaba este lunes en el Congreso que Hacienda entregue el supuesto informe donde se argumenta lo que dice la ministra y que ha provocado una rebelión en las comunidades autónomas Fuentes del Ejecutivo han explicado este martes que aún no existe físicamente tal informe, pero que Hacienda está a la espera de recibirlo "en breve".
Cataluña, Madrid, Galicia... reclaman a Hacienda una solución para llevar a cabo la transferencia de dinero pendiente con el que elaboraron sus Presupuestos pero que no han recibido.
Consecuencias de no tener Gobierno
La ausencia de Presupuestos ha impedido actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, así como pagar un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Las comunidades elaboraron sus Presupuestos para este año contando con ese dinero, que finalmente no van a recibir y han denunciado ya un desajuste de unos 6.000 millones de euros, según datos recogidos por Europa Press.
El PP considera que la distribución de fondos del sistema de financiación por parte del Estado tiene que ser obligatoria porque es un derecho de las autonomías, no algo "discrecional", por lo que ve "especialmente importante" conocer los argumentos de la Abogacía del Estado a los que alude Hacienda.
Además de pedir este informe en el Congreso, el PP ha solicitado un debate en el Senado con el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas sobre esta cuestión. La iniciativa será votada este martes en la Diputación Permanente de la Cámara Alta y dependerá de la decisión del PSOE, con mayoría absoluta.
