Poco a poco la movilidad eléctrica se abre paso en el sector de la automoción, pese a que la infraestructura de recarga sigue siendo testimonial. Sobre todo en España, donde la instalación de estos puntos crece con una lentitud mayor que en el resto de la Unión Europea.
La automoción se halla sumida en una profunda transformación de los motores de combustión interna (diésel y gasolina) hacia la electromovilidad (eléctricos, híbridos enchufables, híbridos no enchufables e hidrógeno). El objetivo es claro por parte de la Unión Europea: reducir las emisiones de CO2 por parte de los fabricantes.
De hecho, el año pasado ya introdujo una normativa para que aquellos fabricantes que excediesen las emisiones de CO2 tuviesen que pagar multas millonarias. Por su parte, los fabricantes han trasladado este problema a los concesionarios a través de automatriculaciones que finalmente no llegan a los clientes y que se guardan en las distintas campas. Ahora bien, el problema en España es mucho mayor: el precio de estos vehículos es elevado, los incentivos a la compra se agotan rápidamente en algunas comunidades autónomas mientras que en otras apenas se gastan, y la infraestructura de recarga en todo el territorio nacional es paupérrima.
Lo que está claro es el objetivo por parte del Gobierno, que no es otro que incentivar la compra de modelos de bajas emisiones. El año pasado, en plenas negociaciones entre el Ejecutivo y el sector, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo era proclive a incentivar la compra de modelos de combustión interna para paliar las consecuencias de la pandemia, la cual obligó a cerrar las industrias y los concesionarios durante más de dos meses. Por el contrario, el Ministerio para la Transición Ecológica no veía bien incentivar la compra de estos vehículos. Finalmente, salió adelante un plan Renove, dotado con 250 millones de euros, de los cuales tan solo se gastaron 50 millones -ya que el plan venció el 31 de diciembre de 2020-. ¿Y el resto? No parece viable que se vuelva a reactivar el plan Renove, lo que sí ha comunicado el Ministerio de Industria es que se pondrá en marcha una tercera edición del plan Moves, que esta vez contará con 400 millones de euros. Es decir, cuadruplicará el presupuesto del anterior plan.
Pero, ¿cuál es la realidad de la electromovilidad en España? Al cierre de 2020, en el conjunto de la Unión Europea había un total de 2.111.414 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que supone un 91,7% más en comparación con los 1.101.087 modelos propulsados por este tipo de tecnologías que había un año antes, según datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO, por sus siglas en inglés). En España, la flota de vehículos eléctricos e híbridos enchufables al cierre del año pasado se situaba en 88.538 unidades, lo que supone el 4,2% del total de este tipo de modelos en el Viejo Continente.
Es cierto que hay un interés por las nuevas propulsiones, pero no termina de despegar. Según datos de la patronal de fabricantes (Anfac), en 2020 se matricularon en España un total de 20.156 vehículos eléctricos, lo que supuso un incremento del 64%, mientras que las ventas de vehículos híbridos enchufables se cuadruplicaron, hasta alcanzar las 23.360 unidades.
España se sitúa en penúltima posición en lo referente a la infraestructura de recarga
Para que este tipo de modelos tengan una penetración importante ha de haber una infraestructura de recarga suficiente para abastecerlos. En el conjunto de la Unión Europea hay un total de 224.538 puntos de recarga, de los cuales España tan solo cuenta con 8.165, según datos de EAFO.
Según el barómetro de la electromovilidad de Anfac del cuarto trimestre de 2020, España se sitúa en penúltima posición en lo referente a la infraestructura de recarga. Así, mientras que la media europea se sitúa en los 15,3 puntos, en España está en los 5,6 puntos tan solo por delante de Hungría, que tiene una puntuación de 4,9. Para la patronal el despliegue de la infraestructura de recarga es "claramente insuficiente", ya que los existentes en la actualidad distan mucho del objetivo mínimo de 110.000-120.000 puntos de recarga que se quieren tener de cara a 2025 y de los 340.000-360.000 para 2030 que estableció Anfac en su Informe de Automoción 2020-2040 para conseguir las cuotas de mercado de vehículo eléctrico necesarias para la descarbonización del transporte.
Países Bajos, Francia y Alemania
Los países que cuentan con un mayor número de puntos de recarga para vehículos eléctricos son Países Bajos, Francia y Alemania. Países Bajos dispone, al cierre del año pasado, de un total de 66.664 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Todo ello con un parque de vehículos de 8,37 millones de unidades y con 3.055 kilómetros de carreteras. Francia dispone de 46.045 puntos de recarga, un parque de 33,02 millones de coches y 11.618 kilómetros de carreteras. Alemania, por su parte, cuenta con 44.669 puntos de recarga con un parque móvil de 47 millones de vehículos y 13.009 kilómetros de carreteras.
Del lado contrario, España cuenta con 8.165 puntos de recarga de vehículos eléctricos, con un parque móvil de 24 millones de turismos y con 15.523 kilómetros de autopistas. De esta manera, España quintuplica los kilómetros de carreteras de Países Bajos, pese a que la infraestructura de recarga es ocho veces menor. Lo que denota que estamos a años luz de alcanzar a estos países.
El 75% de los puntos de recarga estaban ubicados en Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido
El director general de la patronal europea de fabricantes de vehículos (Acea), Eric-Mark Huitema, apuntó que "a medida que nos acercamos hacia la neutralidad climática, los miembros de Acea aumentarán aún más la producción de vehículos de emisión cero, pero estos a su vez requieren una red dedicada de puntos de carga y estaciones de repostaje de hidrógeno en toda la UE". Por su parte, el presidente de la patronal y presidente del consejo de administración del Grupo BMW, Oliver Zipse, recordó esta semana la necesidad de instalar más puntos de recarga si se endurecen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de los vehículos.
A finales de 2020, la patronal elaboró un informe en el que destacaba que las ventas de automóviles con carga eléctrica en la UE aumentaron un 110% durante los tres años anteriores. Sin embargo, en el mismo período, el número de puntos de recarga solo creció un 58% (a menos de 200.000), lo que demuestra que la inversión en infraestructura no está a la altura del aumento de las ventas de vehículos eléctricos. De hecho, el informe revelaba que el 75% de los puntos de recarga estaban ubicados en Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido.
Falta de infraestructuras
La segunda edición del plan Moves se ha caracterizado por la lentitud de las distintas comunidades autónomas a la hora de publicar las bases para poder beneficiarse de estos incentivos. Tan es así, que a falta de diez días para que venciese el plazo para poder activar estos incentivos tan solo tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Aragón) publicaron las bases, tal y como avanzó elEconomista. Dicho programa de ayudas contemplaba hasta cuatro actuaciones distintas a incentivar: compra de vehículos de energías alternativas, implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas e implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas.
El problema ha sido que los fondos destinados a la compra de vehículos se han agotado en algunas comunidades, mientras que la dotación destinada a la infraestructura de recarga apenas se ha utilizado. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo autonómico destinó 3.709.732 euros para la implantación de infraestructuras de recarga. Hasta el 26 de enero -últimos datos disponibles- restan 2.409.464,29 euros para este fin. Es decir, la Comunidad Valenciana solo ha utilizado el 35% de los fondos destinados a la implantación de infraestructura de recarga.
El Ejecutivo tendrá que llevar a cabo más inversiones si no quiere descolgarse de la movilidad eléctrica
La Comunidad de Madrid, por su parte, destinó 4.892.945,24 euros para la actuación 2 del plan Moves, de los cuales al cierre de este periódico quedan disponibles 1.800.628 euros. Es decir, se ha empleado el 63,2% de los fondos.
Esta situación está provocando un cuello de botella, ya que existe interés por parte del mercado a la hora de adquirir vehículos de energías alternativas, pero no existe una infraestructura acorde para surtir a estos modelos.
Más sangrante ha sido el caso de Murcia y Extremadura. Ambas comunidades, con unas dotaciones de 3.169.485 euros y de 2.269.899 euros, respectivamente, no publicaron las bases de esta convocatoria hasta principios de este año.
Murcia ha destinado 1,8 millones de euros para la adquisición de vehículos de energías alternativas y 900.000 euros para la implantación de infraestructuras de recarga, mientras que Extremadura ha dedicado 814.710 euros para la actuación 1 y 947.067 euros para la actuación 2.
En definitiva, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo más inversiones si no quiere descolgarse de la movilidad eléctrica. En el caso de la producción de vehículos ya se ha quedado atrás, en comparación con Francia y Alemania, las cuales cuentan con participación en las distintas automovilísticas lo que permite orientar las inversiones de la industria. En materia de infraestructuras de recarga y de penetración del vehículo eléctrico España también está por detrás de sus principales competidores. Una situación que nos puede dejar en fuera de juego ante la nueva movilidad que encara el sector de la automoción.
