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El Consejo de Europa 'tira de las orejas' al Gobierno por la falta de adopción de medidas anticorrupción para los altos cargos públicos

  • El Greco exige que un organismo independiente revise las restricciones de empleo de quienes dejan sus cargos
  • Debería fortalecerse el régimen de aplicable a los asesores al nivel de los altos ejecutivos
  • Tampoco se ha regulado el control sobre quienes se relacionan con los lobbistas
Foto: Istock

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, da un fuerte 'tirón de orejas' al Gobierno español al considerar que las medidas adoptadas en los últimos tiempos se centran en los funcionarios públicos en general, pero denuncia que "no hay ninguna indicación sobre cómo esas medidas abarcarían específicamente las esferas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores".

"Estas categorías de personas, que son el foco de análisis del Greco, enfrentan algunos desafíos diferentes de otros servidores públicos debido a la naturaleza política de su papel, sus estrechas interacciones con el sector privado, entre otras", señala el Greco en su informe.

También suspende al Gobierno con respecto a la adopción de medidas de prevención de la corrupción y sobre la integridad en la Policía y la Guardia Civil. El Greco lamenta que no exista una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) ni en la Policía ni en la Guardia Civil, para lo que exige una acción decidida.

Falta de medidas prácticas

El organismo del Consejo de Europea recomendó que se adoptase un código de conducta para personas con funciones ejecutivas de alto nivel y que fuese de fácil acceso para el público. Además, que se complementase con medidas prácticas para su implementación, incluida una guía escrita, asesoramiento confidencial y capacitación dedicada, tan solo se ha avanzado en algunas iniciativas dispersas.

También, afirma que recomendó y no se ha cumplido, sobre que las restricciones post-empleo estén sujetas a una revisión por parte de un organismo independiente y, además, que se fortaleciese el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con funciones ejecutivas superiores.

En cuanto a la ampliación del alcance de los requisitos de publicación de divulgaciones financieras para incluir información desagregada y detallada sobre activos, intereses, empleo externo y pasivos; y sobre el acortamiento de los plazos para la presentación de informes y publicación, así como la inclusión de información sobre los cónyuges y los miembros de la familia dependientes, en el entendimiento de que dicha información no necesariamente tendría que hacerse pública, el organismo europeo considera que se ha implementado parcialmente y que hay muchas diferencias entre el sistema aplicado a los parlamentarios y el aplicado a los altos ejecutivos de las Administraciones Públicas.

El presente Informe de Cumplimiento evalúa las medidas adoptadas por las autoridades españolas para aplicar las recomendaciones emitidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda sobre España, adoptado en la 83.ª Reunión Plenaria del Greco (21 de junio de 2019).

Apagón informativo sobre lobbies

Tampoco se han introducido las reglas sobre cómo las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores involucradas en contacto con los y otros terceros que buscan influir en el trabajo legislativo y de otro tipo del Gobierno, ni sobre la de suficiente información sobre el propósito de estos contactos, como la identidad de las personas con quien o en cuyo nombre se llevaron a cabo las reuniones y los temas específicos de las reuniones.

El Greco considera que se ha incumplido la recomendación de que se al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la independencia, la autoridad y los recursos adecuados para desempeñar eficazmente sus funciones de supervisión, a pesar de que el presupuesto del Consejo se ha incrementado un 4,7% en 2021.

Y señala el incumplimiento de la recomendación sobre los actuales "aforamientos", para que no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción, medida que no ha sido implementada.

El Gobierno justifica la inacción

En el informe, el Greco concluye que España no ha implementado completamente ninguna de las diecinueve recomendaciones. De las recomendaciones restantes, siete se han implementado parcialmente y doce no se han implementado.

El Gobierno justifica los retrasos en la elaboración de medidas contra la corrupción, en la celebración en 2019 de dos elecciones generales, y apenas unas semanas después de que asumiera el cargo el nuevo Gobierno, debido a la crisis del Covid-19, se declaró el estado de alarma.

Así, por ejemplo, el Gobierno tiene anunciada la remisión a las Cortes para mayo de 2022 del Proyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses de los Empleados Públicos (que sustituye a la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas), pero el texto, que se preveía para octubre de 2021, aún no se ha hecho público. El Greco destaca que esta iniciativa legislativa "aún se encuentra en etapas iniciales".

Considera, además, el Ejecutivo, que el proyecto de Ley sobre la Protección de los Denunciante, que transpone una Directiva comunitaria, incluye estas cuestiones. El caso, es que muchas de las actuaciones previstas en los distintos ámbitos de las Administraciones sobre la integridad en los Departamentos están pendientes de la entrada en vigor de esta ley.

El informe, si bien destaca la actuación de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, critica la dispersión legislativa y la proliferación de Códigos de Buen Gobierno, considerando más conveniente la unificación normativa y la creación de un único Código de Conducta básico.

Mayor esfuerzo legislativo encuentra el Greco en el acceso a la información por parte de los ciudadanos. En la actualidad están pendientes de aprobación y entrada en vigor: la modificación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y su Reglamento de desarrollo. Y, finalmente, la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales (CETS 205), llevada a cabo en noviembre de 2021.

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