La patronal catalana Foment del Treball instó este jueves a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona a reconsiderar su posicionamiento sobre sus políticas de vivienda. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, advirtió de que la normativa actual puede paralizar el sector, así como reducir la oferta y, en consecuencia, incrementar los precios.
En la presentación de un informe sobre la vivienda y su importancia económica y social, la patronal reprochó el déficit de inversión pública en el sector de la vivienda, lo que supone dejar desatendidas las necesidades de la ciudadanía.
Sánchez Llibre aludió al cambio del Plan General Metropolitano impulsado por Ada Colau en diciembre, que impone la obligación de destinar un 30% de nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. El presidente de Foment cree que esta medida "añade más presión sobre los precios al generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda" y que ello "reduce el valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres en Barcelona".
En relación al reciente Decreto-Ley aprobado por la Generalitat que limita los precios del alquiler, Sánchez Llibre solicitó al Govern que renuncie a convalidarlo la próxima semana en el Parlament. Consideró que es "lesivo" en tanto que penaliza a las empresas que tienen capacidad para aumentar la oferta de las viviendas en alquiler. Además, recordó que el Consell de Garanties Estatutàries -organismo consultivo del Parlament- se pronunció en contra de la constitucionalidad de dicho Decreto-Ley y que retirarlo "evitaría un posterior recurso del Gobierno" y el "trabajo en vano".
El resultado de este panorama, según el presidente de Foment, es que, aparte de paralizar el sector inmobiliario, se pueden llegar a deslocalizar inversiones.
La patronal defiende que fijar los precios por ley no es la solución, y tampoco lo es aplicar normativas que trasladan al sector privado las obligaciones de las Administraciones en materia de políticas públicas de vivienda.
Déficit de inversión pública
De 2007 a 2018, la inversión estatal en vivienda ha descendido un 61%, y el año pasado se acabaron solo 633 viviendas protegidas en Cataluña, según datos del Ministerio de Fomento. Un 90,5% de estas fueron construidas por la promoción privada, es decir, 573, y solamente 60 fueron de promoción pública. "Estas cifras evidencian la necesidad de apostar firmemente por la vivienda protegida por parte de las administraciones", aseveró el presidente de la patronal, que solicitó mayor inversión.
El Govern tiende la mano a Puig
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ofreció este jueves al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, celebrar una reunión en el Palau de la Generalitat o, si lo prefiere, desplazarse él a Valencia.
Se pronuncia así después de que Puig, este jueves en una entrevista de TV3, lamentara que Torra se ausentara hace unos meses de un encuentro de empresarios valencianos en Barcelona y concluyera deslizando que "espera que haya más pragmatismo en las relaciones" entre los dos gobiernos.
