Barcelona
Hace un año de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y sus víctimas han compartido protagonismo con reivindicaciones políticas en el acto de homenaje de Barcelona.
La semana ha estado marcada por el primer aniversario de los atentados del pasado 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Este viernes tuvo lugar el acto homenaje, en el que coincidieron las máximas autoridades del gobierno catalán y español. Los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La trágica efeméride de los atentados yihadistas también se utilizó para lanzar acusaciones a las autoridades por parte de los diferentes grupos políticos. El pasado jueves, los presos independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart firmaron una carta acusatoria en la que relacionaban al imán de Ripoll, líder ideológico del atentado, con los Servicios de Inteligencia españoles del CNI.
También por el aniversario del atentado, el sector empresarial reclamó responsabilidad política para que las discrepancias entre partidos no afecten a la economía local y para poder volver a la normalidad también en términos económicos. El acto yihadista en Cataluña también afectó a la imagen de un territorio que atrae a millones de turistas.
Por otro lado, las consecuencias de la inestabilidad política por el proceso independentista continuó generando la fuga de empresas en el primer semestre del año. Un total de 1.886 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña hasta junio, según datos de confirmaciones de traslados del Colegio de Registradores. En 2017, cuando tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre, salieron de Cataluña 2.536 empresas en todo el año.
En la política catalana, Ciudadanos denunció al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros secesionistas de la Mesa por presunta prevaricación. El motivo por el que la formación naranja les acusa es la votación en julio a favor de tramitar una moción de la CUP que sirvió para ratificar los objetivos políticos de independencia defendidos en otra declaración el 9 de noviembre de 2015, que entonces fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
