Las víctimas de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils el 17 y 18 de agosto del año pasado han lanzado un mensaje claro a los políticos: no quieren que utilicen su dolor. Lo hicieron este jueves en rueda de prensa en Barcelona, el día en el que los presos soberanistas (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) firmaron una carta acusatoria donde llegan a relacionar al imán de Ripoll, líder ideológico del atentado, con los Servicios de Inteligencia españoles del CNI, y criticando al Estado por su falta de colaboración el 17-A de 2017.
Ajenos a estos avatares secesionistas, este jueves varias de las víctimas que fueron atendidas por la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT), criticaron que se han sentido olvidadas por los políticos estos meses, para ver como ahora la efeméride de su sufrimiento vuelve a protagonizar confrontaciones entre los representantes públicos.
En nombre de las víctimas, el coordinador de la UAVAT, Roberto Manrique -víctima del atentado de ETA en Hipercor de Barcelona en 1987-, exigió que los actos institucionales de hoy sean un homenaje a las víctimas y que la clase política "haga una tregua", informó Efe.
Ana Cortés, que pudo esquivar a la furgoneta del terrorista Younes Abouyaaqoub tras salir del metro en Las Ramblas, reprochó que ningún partido político se ha interesado durante este año por saber cómo estaban y si necesitaban alguna cosa, mientras ahora vienen a tomarse fotos a su lado. "La única ayuda que recibimos fue de las fuerzas de seguridad, los equipos de emergencias, la Cruz Roja, los Bomberos, el 061, la UAVAT y otras víctimas", indicó.
Y precisamente la actuación de las fuerzas de seguridad se ha convertido en vísperas del primer aniversario de los atentados en arma arrojadiza política, una vez amainadas las críticas desde el independentismo catalán a la presencia de los Reyes en el homenaje principal de hoy en Barcelona, que ayer zanjó la alcaldesa de la ciudad Ada Colau. En una declaración institucional en la que afirmó que la capital catalana no olvidará a las víctimas, sostuvo que "todo el mundo está invitado" al acto de recuerdo.
Los reproches se centran ahora en la descoordinación policial, con críticas cruzadas en un mismo día respecto a la actuación estatal y la autonómica. Ya se produjeron tras los ataques, pero han resurgido al levantarse el secreto de sumario sobre parte de la investigación.
Una misiva con fuego
Por parte del independentismo, los líderes soberanistas encarcelados, entre los que figura el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, rubricaron ayer una carta conjunta en la que lanzaban un dardo envenenado: "Los Mossos hicieron un gran trabajo, pero queremos denunciar la falta de colaboración del Estado y de algunos de sus organismos. No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto, que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll, el líder ideológico del atentado, y el CNI".
Otro de los firmantes, el exconseller de Interior Joaquim Forn, agregó que Cataluña todavía no tiene acceso a toda la información para luchar contra el terrorismo. En este sentido, el actual conseller del ramo, Miquel Buch, reivindicó también ayer que los Mossos tengan contacto estable con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y acceso a la información de Europol.
Sesgo político
En este ambiente de alta tensión, ayer la formación política VOX volvió a querellarse contra el exconseller Forn y la anterior cúpula de los Mossos por los atentados en Barcelona y Cambrils. Y esta vez lo hicieron por presunto caso omiso a los avisos de posibles atentados en Cataluña, a recomendaciones de protección de espacios públicos, y por la posterior gestión de los hechos. Pasado un primer momento de dolor y de solidaridad, Ciudadanos, por su parte, también ha pedido una serie de comparecencias en el Parlament para que se aclaren puntos negros pendientes de esclarecer sobre los atentados terroristas de hace un año. Por ello reclaman la presencia de Miquel Buch, conseller de Interior y la de los mandos policiales que viajaron a Estados Unidos con responsables de la CIA antes de los atentados.
A la sombra de estas actuaciones, se refirió ayer el Sindicato unificado de Policías, que calificó de demencia la falta de colaboración de los Mossos tras los atentados del 17-A, subrayando que no pasaron ni las imágenes a la Policía. Y esas imágenes, señala Ramón Cossío, portavoz del SUP, evidencian que los Mossos han tenido acceso a un dispositivo móvil, un pendrive o a un ordenador de los terroristas, que según dijo, pueden aportar más información, por lo que critica que la Policía no tenga acceso a dichas averiguaciones. Según el portavoz del SUP, el problema de los responsables de los Mossos es que se arrogan autosuficiencia, habida cuenta de su sesgo político que deriva en una falta de coordinación entre la policía catalana y el resto de fuerzas.
Menos vehemente, esta vez desde la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, puso el énfasis en la falta de colaboración y en el modelo policial.
