El Govern reactiva el Diplocat, el Ejecutivo de Sánchez muestra un acercamiento con Cataluña, la patronal catalana pide a Ábalos terminar el Corredor Mediterráneo, Saba anuncia la compra por parte de Criteria y Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la Alcaldía de Puidgdemont.
Con la suspensión del 155, el nuevo 'Govern' de la Generalitat de Cataluña ha decidido reactivar el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), uno de los elementos más simbólicos del desmantelamiento iniciado por el Gobierno español, que consideraba que promovía las tesis independentistas en el extranjero. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, anunció también que se reabrirán las delegaciones exteriores cerradas por el 155.
Estas medidas fueron tomadas una semana después del nombramiento del Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura. De hecho, Cataluña protagonizó las primeras polémicas del nuevo Ejecutivo de Sánchez. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguró en su primera aparición pública en el cargo que la reforma de la Constitución es una tarea "urgente, viable y deseable" para definir un nuevo marco territorial en España.
Ante la formación del nuevo Gobierno de Sánchez, la patronal catalana ha recordado al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los compromisos de inversión en infraestructuras por parte de sus antecesores. El empresariado catalán, a través del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña (CAIC), ha hecho hincapié en la trascendencia de varias obras para la comunidad, especialmente, en la ejecución del Corredor Mediterráneo.
En el ámbito empresarial, Saba anunció la "previsible" compra del 100% de la compañía gestora de aparcamientos por parte de Criteria, el holding inversor de La Caixa, en las "próximas semanas". En la junta anual de accionistas, Saba anunció un ebitda de 100 millones de euros descartando una salida a bolsa a corto plazo por las condiciones "políticas, económicas y de mercado".
Por otro lado, a nivel municipal, Anticorrupción está investigando supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de suministro de aguas de Girona, Agissa, durante el periodo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, como alcalde de la ciudad. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Girona para recabar información sobre el origen del dinero con el que el consistorio adquirió en 2014 un fondo de arte por 3,9 millones de euros.
