El Gobierno de Pedro Sánchez ha heredado de sus antecesores varios compromisos de inversión en infraestructuras y el empresariado catalán no ha tardado ni dos semanas en recordarle al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la trascendencia de varias obras para la comunidad, especialmente la ejecución del Corredor Mediterráneo. "Es el proyecto más importante que hay actualmente para Cataluña y para el conjunto de España", sentenció ayer el presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obra de Cataluña (CCOC), Joaquim Llansó, durante la presentación de un estudio del Consejo Asesor de Infraestructuras catalán (Caic). Llansó aludió al origen valenciano de Ábalos para pedirle una especial sensibilidad en referencia al Corredor Mediterráneo, en la misma línea que las patronales de la Comunidad Valenciana, que llevan años insistiendo en la necesidad de potenciar esta infraestructura ferroviaria.
Los responsables del Caic (integrado por varias patronales como la CCOC, Fomento del Trabajo o Asinca) también citaron otras obras reclamadas por el empresariado catalán, como la ejecución del Plan de Cercanías de Barcelona, la finalización del Cuarto Cinturón de la capital catalana (B-40), o el desdoblamiento de la N-340 en Vallirana y de la N-II en Girona, que tiene varios tramos pendientes. Llansó indicó que, solo con terminar la docena de grandes obras que dejó adjudicadas pero sin realizar el anterior ministro de Fomento Íñigo de la Serna, ya sería "un éxito" para Ábalos. En este sentido, el anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy prometió en marzo de 2017 una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Cataluña, especialmente en las Cercanías.
Peticiones a la Generalitat
El Caic también pidió al Govern que incluya nuevos proyectos de infraestructuras en los presupuestos de 2019 y no solo recursos para pagar las obras ya finalizadas. Por otro lado, el CCOC y otras patronales catalanas de la construcción han presentado un contencioso contra la Generalitat al considerar que algunos pliegos de sus concursos públicos discriminan el acceso a algunas empresas, y se plantean demandar por lo mismo al Ayuntamiento de Barcelona.