El nuevo Govern pone fin al 155, el ejecutivo de Torra lanza una ofensiva legal, los soberanistas huidos demandan a Llarena, la Generalitat recuperará el control de ATLL y Colau ofrece a Agbar una décima parte de lo que pide.
La toma de posesión del nuevo Govern supone el levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Este nuevo escenario conlleva el final de la intervención total de las finanzas autonómicas por parte del Gobierno. Las medidas económicas que se retiran son aquellas aprobadas por Hacienda entre julio y septiembre de 2017 ante la deriva soberanista del Govern, y que luego quedaron amparadas por el 155. Por lo tanto, sí se mantienen los controles reforzados relacionados con el FLA, pese a las quejas del nuevo conseller de Economía, Pere Aragonés.
Así, el nuevo Ejecutivo catalán ha echado a rodar, incluyendo ya en su primera reunión de trabajo la apertura de una ofensiva judicial contra el artículo 155 y las acciones del Gobierno de Mariano Rajoy relacionadas con la paralización de decisiones autonómicas catalanas. Lo hará en 15 frentes: presentando alegaciones a 12 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, tras haber sido recurridas por el Ejecutivo central; personándose en los recursos de Inconstitucionalidad presentado por el Parlament y por Podemos contra la aplicación del 155, y multiplicando las demandas contra Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría por haber vetado el nombramiento de la primera propuesta de Govern efectuada por Joaquim Torra, con consellers presos y huidos.
Mientras, Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron al extranjero quieren llevar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia por "falta de imparcialidad" y por "vulnerar la presunción de inocencia" de los investigados por el magistrado. Así, Llarena está citado por un juzgado de Bruselas para el 4 de septiembre después de que los soberanistas huidos hayan presentado una demanda conjunta contra él, solicitando también su recusación en España.
La Generalitat fue protagonista de la semana también en otros ámbitos, tras conocerse que la administración catalana revertirá finalmente la mayor privatización de su historia. Tras cinco años de litigios judiciales y una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, el Govern rescindirá la privatización hecha al consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual en 2012 y recuperará la gestión pública de la compañía de suministro de agua ATLL. La Generalitat creará "una nueva entidad de derecho público" para recuperar la gestión pública de ATLL, que prevé entrar en servicio a partir del 1 de enero de 2019.
También en lo referente a la gestión del agua, aunque en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento de la capital catalana ha cifrado en 41 millones de euros, en base a un informe de la entidad pública Barcelona Regional, la compensación que debería abonar a Agbar por la municipalización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, una cifra que representa aproximadamente una décima parte de los 470 millones que la compañía de aguas reclamaría en caso de anularse el contrato para el conjunto del área metropolitana.
