La Generalitat revertirá finalmente la mayor privatización de su historia. Tras cinco años de litigios judiciales y una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, el Govern rescindirá la privatización hecha al consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual en 2012 y recuperará la gestión pública de la compañía de suministro de agua ATLL. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, anunció este jueves que han comunicado "la anulación del contrato de servicios" a la concesionaria para dar cumplimiento a la sentencia judicial de febrero de 2018. La Generalitat creará "una nueva entidad de derecho público" para recuperar la gestión pública de ATLL, que prevé entrar en servicio a partir del 1 de enero de 2019. Artadi detalló que este tiempo servirá para preparar el cambio de gestión, sujeto a condicionantes técnicos y económicos.
Indemnización
Acciona mantiene que le corresponden al menos 308 millones de indemnización por la resolución del contrato, a tenor de lo que avanzó a la administración autonómica catalana en el momento de la privatización e inversiones posteriores, y no renuncia a reclamar por daños y perjuicios a la Generalitat. Por el momento, la compañía seguirá operando el servicio según el contrato de 2012, que incluye las competencias tarifarias.
La Generalitat estudiará ahora de qué forma ejecuta la vuelta de ATLL a manos públicas y cómo asume la compensación que le reclamará la empresa presidida por José Manuel Entrecanales. La administración catalana también deberá plantearse cómo afectará a sus finanzas esta indemnización, que se sumará a los 695 millones que se apuntó en su contabilidad en concepto de futuros pagos por parte de Acciona durante los 50 años de la concesión, y que le ayudaron a reducir su déficit público en 2012, un momento crítico para las cuentas públicas de la Generalitat.
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