El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, recibirá una citación para un juzgado de Bruselas el 4 de septiembre después de que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron al extranjero hayan presentado una demanda conjunta contra el juez español, del que también han solicitado la recusación en España, según anunciaron ayer en rueda de prensa para publicitar su ofensiva legal. La argumentan por la "falta de imparcialidad" del magistrado y por "vulnerar la presunción de inocencia" de los investigados, además de reprocharle que actúa "guiado por motivaciones políticas", afirmó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Al tratarse de una demanda por la vía civil, Llarena no está obligado a presentarse a la citación, y tampoco se enfrenta a penas de cárcel. Puigdemont, junto a los tres exconsellers huidos a Bélgica -Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- y a Escocia -Clara Ponsatí- , le reclaman una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado", explicó uno de sus abogados belgas, Christophe Marchant, según Europa Press. Así, su objetivo es, una vez más en la estrategia soberanista, simbólico. Añadieron que Llarena podría ser apartado de la causa del procés por "tener pleito pendiente" con una de las partes, según el artículo 219.8 de la Ley del Poder Judicial. Sin embargo, fuentes jurídicas indicaron a elEconomista que este pleito debería ser anterior a la designación del juez a la causa sobre la que sea recusado.
Ayer también trascendió un nuevo informe remitido por la Guardia Civil al Supremo que eleva a 3,2 millones de euros la malversación atribuida a la Generalitat para costear el referéndum del 1 de octubre.
La administración catalana habría abonado 1,6 millones y tendría pendiente otro pago por una cifra casi idéntica. La nueva cuantificación supone un desembolso de 1,3 millones más que los acreditados por los agentes en un informe de abril, según Efe. El aumento se produce al incluir el coste de la creación de un call center del referéndum, que implicaba la rehabilitación de la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para albergar dicha instalación.
La Benemérita también señala adjudicaciones de la Generalitat a múltiples empresas para la emisión de publicidad, el envío de cartas certificadas, la creación de páginas web y la contratación de servicios de observadores internacionales, entre otros.
Cambios en el 'Parlament'
La Cámara catalana debe elegir un nuevo letrado mayor después de que el que ocupaba el cargo desde 2012, Antoni Bayona, anunciase ayer que lo dejaba -seguirá como letrado raso- tras formarse Govern. Bayona ha sido crítico con las tramitaciones independentistas de los últimos meses por considerar que no se ajustaban a Derecho. Así, chocó tanto con Carme Forcadell como con Roger Torrent como presidentes del Parlament y responsables máximos de la Mesa.
