JxCat y ERC presentaron a la CUP su acuerdo para investir a Jordi Sànchez, aunque el candidato no puede salir de prisión. Empresarios alemanes amenazan con irse si vuelve la ilegalidad, y el Gobierno sigue invirtiendo en Cataluña e impulsa las negociaciones por la OPA sobre Abertis.
JxCat y ERC han alcanzado un acuerdo de investidura en el que destaca la inclusión de una estructura paralela en el extranjero y el impulso del proceso constituyente a partir de la Ley de Transitoriedad, anulada por el Tribunal Constitucional, con impulso ciudadano. Para convencer a la CUP de que apoyen la candidatura de Jordi Sànchez – actualmente en prisión –, el programa ofrece otra consulta como gancho.
El bloque independentista pretende promover el proceso constituyente desde fuera del Parlament, a través de una asamblea de "representantes para la República", que encabezaría el líder de JxCat, Carles Puigdemont, desde Bélgica. El expresidente catalán dirigiría este organismo como presidente del consejo de la república, que también se encargaría de internacionalizar "la protección de los derechos civiles y políticos en Cataluña". Sin embargo, los cupaires han señalado que el programa que se les ha presentado tiene "carencias importantes" y no ven diferencias de fondo con la última propuesta que rechazaron.
Además, la renuncia de Puigdemont a la investidura en favor de Sànchez tampoco parece encaminar el desbloqueo de la política catalana. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado al expresidente de la ANC el permiso para acudir al pleno de investidura del próximo lunes 12 de marzo al considerar que sigue "vigente" la posibilidad de reiterar el delito.
Pese a ello, el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantiene la sesión convocada y pretende agotar "todas las vías" para que se celebre. La defensa de Sànchez prevé llevar el lunes el caso a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, para conseguir su libertad.
Por su parte, Torrent vivió un tenso debate en un acto organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana. En la línea de lo sucedido la semana pasada en el Colegio de Abogados de Barcelona, con el abandono de la sala de una parte del público y representantes del sistema judicial, el evento se convirtió en un reto para el presidente del Parlament.
Los empresarios alemanes aprovecharon la ocasión para amenazar a Torrent con irse si vuelve la ilegalidad. Uno de los socios incluso llegó a acusar a las formaciones independentistas de dividir a las familias y mentir a los ciudadanos, y consideró que, por saltarse la ley, él votaría que todos los políticos independentistas fuesen a prisión.
Todo ello en una Cataluña que, a falta de acuerdo para la investidura y con la aplicación del artículo 155 todavía presente, sigue sin gobierno. No obstante, desde Moncloa se suceden los anuncios de nuevos proyectos en la comunidad.
En su última aparición, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado un plan inmobiliario para los alrededores del Aeropuerto de El Prat. Con una inversión público-privada de 1.264 millones de euros se espera, a 20 años vista, añadir un complejo empresarial, hoteles y restaurantes al aeropuerto.
Este proyecto millonario se suma a las medidas relativas a esta misma infraestructura adoptadas en lo que va de año, como el plan estratégico hasta 2026 y la mejora del aeropuerto de Girona para convertirlo en la cuarta pista de El Prat; y a las realizadas en otros ámbitos, como el desbloqueo de los proyectos de la estación del AVE de La Sagrera (Barcelona) y el soterramiento de las vías en L'Hospitalet de Llobregat. En total, el Gobierno proyecta cerca de 4.800 millones en inversiones en Cataluña.
Más allá de las inversiones en la comunidad, el Gobierno también ha tomado parte en las negociaciones entre Atlantia y ACS para tratar de hallar una solución amistosa en la lucha que han protagonizado ambas compañías en los últimos meses para comprar Abertis.
Las empresas se repartirían los distintos activos de la concesionaria. Un reparto en el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, habría forzado a Atlantia a ceder a ACS las autopistas españolas de Abertis. De esta manera, ACS, que lanzó su oferta pública de adquisición (OPA) a través de su filial alemana Hochtief, se quedaría con los activos de España y con una parte de los de Latinoamérica. Mientras, Atlantia asumiría las restantes autopistas latinoamericanas, las de Francia y las de Italia.
