Las últimas intervenciones públicas del presidente del Parlament, Roger Torrent, fuera de la Cámara catalana están suponiendo un reto para el político republicano, que ayer vivió un tenso debate con directivos alemanes. La situación no llegó al extremo del acto de la semana pasada en el Colegio de Abogados de Barcelona, en el que parte del público y representantes del sistema judicial catalán abandonaron la sala, ante los reproches de Torrent sobre la existencia de presos políticos.
Ayer, en el Círculo Ecuestre, en un acto impulsado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana, fueron los asistentes quienes dedicaron duras palabras al ponente. Uno de sus socios llegó a acusar a las formaciones independentistas de dividir a las familias y mentir a los ciudadanos, y consideró que, por ello y por saltarse la ley, él votaría que todos los políticos independentistas fuesen a prisión, lo que fue secundado con algunos aplausos en la sala.
El presidente de la entidad, Albert Peters, tuvo que calmar los ánimos de la sala en diversas ocasiones y destacó que el Círculo de Directivos no compartía la opinión del socio sobre la cárcel, si bien matizó que estas declaraciones demuestran la preocupación empresarial ante la situación política en Cataluña.
Por su parte, emplazó al diálogo entre el Gobierno central y el catalán, pero advirtió que la paciencia empresarial tiene un límite: "Si nos tocan las narices violando la Constitución, nos vamos".
Peters emplazó a volver a la "normalidad" y a respetar la ley para recuperar la confianza en Cataluña, y mostró su sorpresa por el discurso de Torrent ante los abogados, así como por su negativa a recibir al Rey Felipe VI en la cena institucional del Mobile World Congress, ya que era una oportunidad "de hablar para soluciones". También lamentó que actualmente hay "inseguridad", porque "nadie sabe lo que va a pasar en tres meses", por lo que no es viable tomar decisiones empresariales de inversión.
Otros dos socios de la entidad de directivos alemanes afincados en Cataluña preguntaron a Torrent si consideraba que proponer a Sànchez como candidato, estando en prisión preventiva, aportaba la seguridad jurídica que requiere la economía. Torrent defendió que lo ha propuesto porque es el candidato que ha elegido la mayoría parlamentaria surgida de las urnas el 21 de diciembre; que Sànchez se presentó a las elecciones sin impedimentos legales, que "está en prisión sin juicio"; que es diputado, y que tiene "los mismos derechos que el resto" para ser investido presidente de la Generalitat.
Pese a este alegato, lo cierto es que Torrent convocó ayer el pleno de investidura de Sànchez para el lunes, día 12, sin tener garantías de que su investidura pueda salir adelante, de forma que el inicio de la legislatura sigue en el aire, ya que la CUP mantiene su postura de abstenerse si JxCat y ERC no le presentan -con tiempo para que lo analicen sus bases- un programa de gobierno que desafíe al Tribunal Constitucional y lleve adelante la República catalana, lo que es precisamente la línea roja que marcan los empresarios.
La diputada cupaire María Sirvent calificó de "imprudente" la convocatoria de pleno de investidura para el lunes y vio "muy difícil" llegar para entonces a un acuerdo con JxCat y ERC, aunque no cerró la puerta si estas formaciones abandonan el "autonomismo": "Si se nos presenta un documento con propuestas programáticas, lo valoraríamos y activaríamos nuestros procesos de decisión".
El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, fue más optimista en sus previsiones y explicó que ayer se acabarían de perfilar las "correcciones, enmiendas y aportaciones" que pudiese hacer ERC al documento que negocian ambas formaciones y, entre ayer por la tarde y hoy por la mañana se compartiría el acuerdo con la CUP, para que lo someta a sus procesos de debate interno y la "negociación llegue a buen puerto", informó Efe.
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