Promoverán el proceso constituyente desde fuera del 'Parlament', con Puigdemont como líder
Los pasos que se van dando hacia la constitución de un Gobierno en Cataluña confirman que se pretende abandonar la vía unilateral -al menos de entrada-, pero que la tensión con el Ejecutivo central previsiblemente continuará, porque el programa incluye un gobierno en el exilio y el impulso del proceso constituyente, que incluía la Ley de Transitoriedad, anulada por el Tribunal Constitucional.
Para esquivar la acción legal, JxCat y ERC ofrecen a la CUP, a cambio de su apoyo a la investidura de Jordi Sànchez -que está en el aire por su situación legal-, impulsar el proceso constituyente desde fuera de las instituciones catalanas, a través de una asamblea de "representantes para la República", que liderará Carles Puigdemont desde Bruselas.
El objetivo de este grupo será consensuar un texto, que debería convertirse en el germen de la Constitución de la república.
La "fase cero" de este proyecto, como apuntan en el texto, se impulsará desde el mundo local. Posteriormente, estos debates se trasladarán a comisiones dentro del Parlamento catalán, aunque en el texto no se especifica si se impulsará algún tipo de iniciativa legislativa. Luego, sin especificar el plazo, todos los avances de ese proceso se llevarán a un Foro Social Constituyente, que será el encargado de "sistematizar las propuestas". Esta segunda fase finalizaría con otra consulta (multi-consulta, como figura en el texto) "con todas las garantías", señala el acuerdo.
La "asamblea de representantes para la república" que liderará la creación de la constitución, estará liderada por un consejo de la república, que presidirá Carles Puigdemont en un principio y que también se encargará de internacionalizar "la protección de los derechos civiles y políticos en Cataluña".
El texto prevé que la asamblea se reúna al menos dos veces al año y en ella participarán actos electos.
En cuanto a la oferta económica, respondiendo a demandas de la CUP, ERC y JxCat proponen aplicar la renta mínima de ciudadanía, propiciar expropiaciones de pisos a entidades financieras para alquiler social y también no renovar los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexos.
Dado que algunos han sido renovados por la aplicación del artículo 155, ERC y JxCat se compromenten a estudiar como revocar dichos contratos o a dejarlos sin efecto. El proyecto también retoma el proyecto de creación de un banco público, a través de una comisión mixta entre el Gobierno y el Parlamento catalanes, y se compromete a promover un salario mínimo que equivalga, al menos, a un 60 por ciento del salario medio. También se compromete, en seis meses, a desmilitarizar Cataluña.
