Cataluña

La constitución del 'Parlament' y el fin del caso Palau marcan la semana

  • Roger Torrent es el nuevo presidente del Parlament
  • CDC es condenada en el caso Palau y debe devolver 6,6 millones de euros
  • Grifols se enfrenta a una demanda millonaria por una firma participada
El nuevo presidente del 'Parlament', Roger Torrent. // EFE

El 'Parlament' puso fin a casi tres meses de inactividad desde que se aplicara el artículo 155 de la Constitución poco después de que la sentencia del caso Palau confirmara que CDC cobró comisiones ilegales de Ferrovial.

El Parlament se constituyó el miércoles 17 de enero y Roger Torrent fue elegido nuevo presidente de la Cámara. El exdiputado de ERC, propuesto por su partido, recibió la confianza de los parlamentarios al superar en las votaciones al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra.

Como con Carme Forcadell, la Mesa del Parlament vuelve a estar en manos de los independentistas, lo que despierta el temor de una vuelta a la senda de la última legislatura. No obsante, Torrent evitó el choque en su toma de posesión al apostar por un discurso conciliador entre las distintas fuerzas, pese a que sigue abierta la duda sobre la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.

Los encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez pudieron delegar el voto y participar en el proceso de elección –los que están en Bélgica no lo pidieron al no ser imprescindible su sufragio para el triunfo del candidato secesionista–, mientras que la investidura no presencial que plantea Carles Puigdemont sigue en el aire.

El expresidente de la Generalitat defiende la posibilidad de gobernar desde el extranjero y los grupos quedan a la espera de la respuesta de Torrent, en su primera decisión en el cargo, sobre la investidura telemática o delegada. El presidente del Parlament se reunió con los distintos grupos y confirmó que Junts per Catalunya se mantiene firme en proponer a Puigdemont como su única opción.

Este será el primer gran reto de Torrent en una legislatura que no promete ser sencilla. Los letrados del Parlament recomendaron no permitir una investidura telemática o delegada porque incumple el reglamento de la Cámara. Puigdemont no tendrá el apoyo de PP, PSC, Cs ni tampoco de los 'comuns', que vuelven a dejar al independentismo en manos de la CUP. La sesión de investidura, si la Mesa permite que Puigdemont tome posesión de forma no presencial –lo cual el gobierno ya ha dicho que recurriría–, deparará, muy probablemente, el primer enfrentamiento de la nueva legislatura en la Cámara.

En cualquier caso, la investidura telemática no es la única preocupación de Puigdemont y su partido, el PDeCAT. Los herederos de la antigua Convergència conocieron el lunes la sentencia del Caso Palau, en el que se decretaron penas de prisión para Félix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma Montull y el extesorero de CDC, Daniel Osácar. El antiguo encargado de las cuentas de Convergència está implicado por utilizar la Fundación del Palau como canal para llevar a cabo el cobro por parte de CDC de comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. Por ello, ahora el PDeCAT se enfrenta a tener que asumir la responsabilidad de los actos de CDC – de la que es heredero –, lo que incluye el pago de 6,6 millones de euros que reclama la justicia.  

En una situación similar podría verse la compañía catalana Grifols. En Estados Unidos, ocho bufetes anunciaron que han llevado a cabo una denuncia colectiva contra la farmacéutica estadounidense Aradigm, de la que Grifols es el principal accionista con el 35 por ciento del capital. De este modo, la firma catalana se enfrenta a una millonaria demanda por un posible fraude a los inversores de Aradigm. La acusación surge tras el batacazo bursátil que ha sufrido por el rechazo a la aprobación de su fármaco Pulmaquin y que ha provocado una caída de las acciones de un 65 por ciento.

Precisamente, Grifols destaca por ser la única compañía catalana del Ibex 35 que no ha trasladado su sede social a otras comunidades desde el referéndum del 1 de octubre. La fuga de empresas se ha llevado a más de 3.200 firmas desde entonces, y el goteo no se detiene, pese a reducirse el ritmo frenético de salidas que presentaron octubre y noviembre. Esta semana, Idilia Foods, fabricante de Cola Cao y Nocilla, y Cartera de Inversiones CM, principal accionista de Cementos Molins, han sido las últimas en formalizar un éxodo empresarial al que se han ido añadiendo firmas como Habitat, Mitsubishi Electric o Panasonic en estas primeras semanas del año.

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