La Generalitat de Cataluña ha remitido este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso una proposición de Ley para combatir la exclusión financiera y que pretende que no haya ningún municipio sin al menos un cajero automático, si tampoco tiene oficina bancaria. Se trata de un texto trabajado durante meses por el Ejecutivo catalán, pero que ha decidido trasladar a los partidos de la Cámara baja estatal ante la falta de competencias para tramitarlo en el Parlament.
La propuesta, abierta a las enmiendas que consideren los grupos parlamentarios, plantea un periodo voluntario de 12 o 13 meses para que los bancos acepten colocar estos cajeros de manera voluntaria en los municipios sin ningún servicio financiero operativo.
Pasado ese tiempo, se abriría una nueva fase de implantación obligatoria -por parte de la banca o de las administraciones locales de manera subsidiaria- hasta completar la cobertura total, y que se sufragaría a través de un nuevo Fondo de garantía de servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera, adscrito a la Administración General del Estado y dotado con aportaciones de las propias entidades financieras según su cuota de mercado en depósitos y créditos en cada territorio.
En Cataluña, casi la mitad de los municipios (46,78%) se ha quedado sin servicios financieros. Son un total de 443, donde habitan 250.000 personas, según los datos del Govern. El consejero de Economía catalán, Jaume Giró, ha reivindicado en rueda de prensa que los servicios financieros son un derecho tan básico como el agua y la electricidad , así como necesario para evitar la despoblación rural y permitir el desarrollo económico.
En cualquier caso, defendió que no se debe destinar ni un euro de dinero público para asegurar esta cobertura, y que los gobiernos deben legislar para evitar la exclusión financiera igual que lo hacen para combatir la pobreza energética.
