Cataluña dará la bienvenida al nuevo año, una vez más, con una prórroga presupuestaria, como viene pasando desde 2010. Y es que el objetivo del conseller de Economía, Jaume Giró, de comenzar el próximo ejercicio con las Cuentas de la Generalitat para 2022 vigentes no será posible por cuestión de calendario parlamentario, según los cálculos de elEconomista.
De hecho, Giró renunció a intentar tramitar los Presupuestos de la Generalitat de 2021 a mitad de año con el argumento de priorizar poner manos a la obra con tiempo para sacar adelante los de 2022. Pero los meses han pasado y, si no hay imprevistos que demoren todavía más los preparativos, el responsable de las finanzas públicas catalanas presentará su proyecto a principios de noviembre. Tarde y sin apoyos garantizados.
El Govern y Giró insisten en que la CUP es el aliado prioritario para sumar apoyos suficientes con los que aprobar el presupuesto catalán, pero la formación anticapitalista está siendo muy crítica con el Ejecutivo autonómico, al que acusa de no avanzar hacia la independencia ni estar cumpliendo los compromisos pactados en el acuerdo de investidura con ERC para llevar a Pere Aragonès hasta la presidencia de la Generalitat.
Hoy por hoy, la CUP afirma abiertamente que no apoyaría las Cuentas de Giró, quien podría buscar como aliados alternativos a En Comú Podem -que permitió aprobar los Presupuestos de 2020- o al PSC -que se ofrece incansablemente para colaborar-. Pero aunque lo consiga, si presenta su proyecto de Presupuestos a principios de noviembre, como anunció la semana pasada, no habrá tiempo material para completar la tramitación parlamentaria y que estén en vigor el 1 de enero. Si bien el proyecto de ley de Presupuestos tiene preferencia en la tramitación respecto a los otros trabajos parlamentarios, según consta en el reglamento de la Cámara catalana, todo el recorrido legal requiere varios meses.
Por mucha prisa que se dé ahora Giró, la Mesa del Parlamento, una vez admitido a trámite el proyecto de ley de presupuestos, debe abrir dos periodos de enmiendas que se inician en el mismo día: un periodo, de una duración no inferior a diez días naturales, para presentar las enmiendas a la totalidad, y otro período, de una duración no inferior a veinte días naturales, para presentar las enmiendas al articulado y a los estados de gastos.
Después, las enmiendas pasan por las comisiones parlamentarias departamentales, así como por el pleno. A todo ello se suman los festivos navideños, y también puede haber retrasos adicionales si algún partido decide solicitar informe al Consell de Garanties Estatutàries para asegurar que los planes del Govern se ajustan a la legalidad.
Precisamente eso pasó en la tramitación de las últimas Cuentas catalanas aprobadas, las de 2020, que tardaron casi tres meses en salir adelante. Y las anteriores, que se remontan a 2017, también tardaron casi cuatro meses en completar el trámite parlamentario (ver gráfico). En aquel caso, el organismo consultivo mostró su rechazo por la inclusión de una partida para celebrar el referéndum de independencia. Pero fue precisamente eso lo que permitió el primer y único apoyo de la CUP a unos Presupuestos catalanes, y fue con los votos indispensables para permitir la aprobación, en su todavía recordado "sí crítico".
Ahora, más aún con Vox en el hemiciclo autonómico, se augura nuevo trabajo para el Consell de Garanties Estatutàries una vez Giró desvele sus planes para 2022.
Qué incluirán las Cuentas
El proyecto de Presupuestos que está cocinando Giró partirá de un techo de gasto no financiero y no finalista de la Generalitat para 2022 de 29.326 millones de euros, frente a los 26.952 millones que se fijaron para las Cuentas de 2020, aunque finalmente el que aprobaron los departamentos fue superior, de 27.513 millones. Así, el Govern prevé un aumento del gasto del 6,6% respecto a los Presupuestos anteriores, lo que supone 1.800 millones más.
De todas formas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó a finales de septiembre que los Presupuestos catalanes para 2022 contarán con un incremento de más de 3.500 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas en 2020, y ello se debe a la inyección de fondos europeos prevista para la recuperación postpandemia.
El proyecto que Giró prevé presentar en noviembre también incluirá la revisión al alza de las previsiones macroeconómicas catalanas publicada el pasado viernes por la Generalitat (ver gráfico superior), así como retoques fiscales respecto a tributación ambiental al alza y posibles rebajas del IRPF para las rentas más bajas -por debajo de 30.000 euros-, mientras que descarta de momento subidas, pese a la presión de la CUP, tanto en IRPF como en Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones, que considera que ya están "muy al límite". Tampoco contempla endurecer la fiscalidad para las empresas familiares, como planteaba el documento técnico que Cataluña envió al Gobierno con propuestas para la reforma fiscal estatal.
Sí que se prevén guiños a la CUP en aspectos como la creación de un banco público y una energética pública. En el primer caso, el Institut Català de Finances (ICF) inició a principios de este año los trámites para obtener licencia bancaria, y se prevé que la autorización llegue en 2022. Y en cuanto a la energética pública, hay una moción aprobada por el Parlament -a propuesta de la CUP y que fue apoyada por PSC, ERC, Junts y Podem- que insta a crearla este mismo 2021, pero hacerlo conlleva destinar unos recursos presupuestarios que se plasmarán en el proyecto del próximo año.
