La decisión de la Generalitat de prorrogar dos semanas más, hasta el 7 de febrero, las restricciones a la movilidad y la economía vigentes desde el 7 de enero ha sido recibida por los empresarios catalanes como una condena para su situación ya crítica, y se multiplican las voces que claman ayuda y ser escuchadas por el Govern por sentirse víctimas de unas medidas que están arruinando negocios obligados a cerrar una y otra vez mientras los datos de contagios siguen subiendo pese a sus sacrificios.
La patronal Pimec ha cifrado este miércoles en 183 millones de euros el impacto diario en el tejido productivo de las restricciones, y reclamó una respuesta coordinada de todas las administraciones para movilizar 4.500 millones mensuales que impidan la pérdida masiva de negocios y empleos en sectores como el comercio, la hostelería, la cultura y el deporte.
Además, ha anunciado una campaña, que nace con 65 entidades adheridas, para que los locales obligados a cerrar o con muchas limitaciones de actividad coloquen carteles en la puerta con las pérdidas que les supone y los empleados que dependen de ellos.
El secretario general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicado a elEconomista que la hostelería está sufriendo un "cierre encubierto" desde el 21 de diciembre -solo pueden abrir escasas horas para servir desayunos y comidas- que está "sentenciando a la desaparición" a más de la mitad de los establecimientos de la ciudad mientras la pandemia no mejora, por lo que ven demostrado que los bares y restaurantes no son el foco de los contagios.
El presidente de Comertia, David Sánchez, también ha deplorado, en declaraciones a este diario, la ineficacia de prolongar el cierre permanente de los centros comerciales y locales de más de 400 metros cuadrados, así como de todo el comercio no esencial los fines de semana: "Sin ayudas directas, estas dos semanas tendrán consecuencias irreversibles para sectores ya en grave peligro".
También el sector deportivo se ve ahogado ante unas limitaciones con las que se siente discriminado y cree que responden a una "falta de criterio" de la Generalitat, por lo que este miércoles, representantes del clúster catalán del deporte (Indescat), de los gimnasios (Adecaf) y de las federaciones deportivas (Ufec), entre otros, se han reunido con el Síndic de Greuges para solicitar su ayuda.
En los tribunales
La agrupación de empresarios de la restauración y el ocio nocturno Fecasarm, que ha llevado las restricciones de la Generalitat a los tribunales, calcula que las pérdidas acumuladas en su sector ya alcanzan los 10.000 millones: "Con ayudas que solo cubren el 2% de los costes, el 80% de los locales está en peligro", calcula el presidente de la entidad, Joaquim Boadas.
Fecasarm repite el mantra empresarial de que las restricciones están siendo desproporcionadas, arbitrarias, discriminatorias, ineficaces e incluso contraproducentes, ya que promueven reuniones ilegales o sin medidas de prevención suficientes en el ámbito particular que multiplican los contagios, mientras que en los negocios sí se aplicarían los requisitos de seguridad necesarios.
Según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona, Cataluña ha perdido 20.000 empresas desde el primer confinamiento total en marzo del año pasado, y la prolongación de las restricciones no llama al optimismo.
Críticas de CCOO
Desde CCOO de Cataluña también son críticos con la gestión económica y social de la pandemia por parte del Ejecutivo catalán, y el secretario general del sindicato, Javier Pacheco, ha reprochado este miércoles que la administración catalana no haya realizado un mayor esfuerzo para movilizar recursos con los que combatir la crisis derivada de la pandemia.
Ha ejemplificado que, pese a la eliminación de los objetivos de déficit, Cataluña ha cerrado 2020 con un balance negativo del 0,78% del PIB, frente al 2% de País Vasco. Si la administración catalana hubiese elevado su déficit como la vasca, habría contado con 2.500 millones de euros adicionales que se han desaprovechado.
Para 2021, exigió que el Govern aproveche hasta el último céntimo de los 5.000 millones adicionales de gasto que puede movilizar, de los que la mitad son financiados por el Estado. Sin embargo, lo ve complicado con el retraso de las elecciones autonómicas, que prolongan una legislatura interina.
