Cataluña

Canadell acusa a los agentes sociales de "faltar a la verdad" para paralizar la ley de Cambres

  • Defiende que la norma es constitucional y apremia a su aprobación en esta legislatura
El presidente del Consell de Cambres Catalanes, Joan Canadell, en el encuentro institucional. LUIS MORENO
Barcelona

El presidente del Consell de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, ha asegurado que los agentes sociales "faltan a la verdad" al tachar de inconstitucional la proposición de ley de las Cambres catalanas, para obstaculizar su tramitación parlamentaria antes de que finalice esta legislatura.

En un acto institucional con representación de las 13 cámaras de comercio catalanas, Canadell ha mantenido el pulso con las patronales Foment del Treball y los sindicatos CCOO y UGT para reclamar a los partidos políticos que faciliten la tramitación por lectura única de la proposición de ley en el próximo pleno del Parlamento, previsto para el 2 de diciembre.

El también presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona ha insistido en que la ley orgánica de Cámaras de Comercio reconoce la representatividad empresarial de estas instituciones y que la mayoría de las comunidades autónomas así lo han reconocido. "Tal vez alguien piense que si las cámaras funcionan bien, las patronales no irán bien, pero no hace falta que actúen así por miedo a que les pasemos por delante, ni que presenten argumentos que no son reales, porque todos podemos representar a los empresarios pero de maneras distintas y legales", ha manifestado.

Canadell ha insistido en que las instituciones camerales no disponen de los recursos necesarios para su viabilidad porque las aportaciones públicas que han recibido -unos 2,5 millones de la Generalitat este año- son de carácter finalista para dar servicios a las empresas, o deben recurrir a fondos europeos, también finalistas. Y ha lanzado un mensaje a los partidos: "Si no se aprueba esta ley, se paralizará a las cámaras y con ellas a las empresas en un contexto de crisis sanitaria y económica como la actual".

La aprobación del trámite parlamentario de la nueva ley por lectura única ha desatado de nuevo la confrontación entre los agentes sociales (las patronales Foment del Treball y Pimec y los sindicatos CCOO y UGT) y las 13 cámaras de comercio catalanas, lideradas por Canadell, desde que a mediados de noviembre la Mesa del Parlament rechazó su tramitación.

Con el procedimiento abreviado se garantizaría que la normativa saliera adelante –si obtiene los apoyos necesarios antes del fin de la legislatura previsto para el 21 de diciembre, fecha en la que está prevista la convocatoria de las elecciones para el 14 de febrero. No obstante, en estos momentos, el proyecto de ley de Cambres solo contaría con el apoyo de ERC y JuntsxCat, pero esta última formación no contaría con los votos de los diputados del PDeCAT, curiosa circunstancia puesto que la exconsejera de Empresa y ahora candidata de la formación a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, impulsó un decreto para la renovación de la norma en sintonía con Canadell y con los agentes sociales.

Los agentes sociales se oponen a la representatividad que el proyecto otorga a las cámaras, que tendrían derecho a estar presentes en todos los organismos colegiados, como el Tribunal Laboral. Otro de los motivos de discusión es la financiación, ya que se prevé que los presupuestos de la Generalitat consignen cada año una partida para cubrir gastos de estructura de las cámaras.

Patronales y sindicatos llevan meses intentando que la ley no obtenga luz verde y han pedido a los grupos parlamentarios que reconsideren su tramitación por lectura única y "que acudan al Consell de Garanties Estatutàries del Parlamento para que elabore un informe sobre su presunta inconstitucionalidad, porque lo único que pretenden es ganar tiempo para que no pueda aprobarse en el último pleno de esta legislatura, previsto para el 21 de diciembre", ha asegurado Canadell.

Los agentes sociales argumentan que la adscripción de las personas físicas y jurídicas a las cámaras es meramente administrativa y en ningún caso representativa. Recuerdan que el régimen jurídico básico de las cámaras (y los pronunciamientos, tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo Consultivo), las inhabilita para asumir la representación del mundo empresarial y no descartan que en caso de que la nueva norma se valide en el Parlamento tomarán acciones legales y se dará pie a conflictos institucionales.

En este sentido, el secretario del Consell de Cambres de Catalunya ha hecho un repaso a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que ya se ha pronunciado sobre la legalidad de las normas que otorgan representatividad empresarial a las cámaras y ha apuntado a que una iniciativa legal por parte de los agentes sociales para impugnar la ley en caso de que se apruebe "tiene las de perder".

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