Cataluña

La patronal defiende su papel ante la ley catalana de cámaras de comercio

  • 'Foment' y Pimec reprochan que las cámaras pretenden sobrepasar sus competencias
  • Alertan al 'Govern' de la "inviabilidad" de la propuesta del Consejo de Cámaras de Cataluña
El presidente de Pimec, Josep González (i), y el de ‘Foment’, Josep Sánchez Llibre, en la Consejería de Empresa. EE

Las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec han unido fuerzas para defender el papel de las organizaciones empresariales en Cataluña, que ven amenazado por las propuestas enviadas por el Consejo General de Cámaras de Cataluña a la Generalitat para la elaboración del anteproyecto de ley de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña.

Las patronales entregaron este jueves a la consellera de Empresa, Àngels Chacón, su contrapropuesta, basada en un informe del abogado Manuel J. Silva del bufete Roca i Junyent, que sostiene que la propuesta de las cámaras es "inviable jurídicamente" por varios motivos.

Uno de ellos es que "la pretensión de atribución por ley a las cámaras de comercio de la representación universal, máxima, institucional y oficial, ordinaria o natural, ante las administraciones públicas y el mundo empresarial, excede con creces las finalidades que tanto la Constitución como la legislación básica asignan a las cámaras de comercio".

El documento de Foment y Pimec expone que la consecuencia de una representatividad de un alcance tan amplio es la atribución a las cámaras, en la propuesta de éstas, de un derecho de consulta y participación casi universal. "Y esta atribución, por supuesto, se hace en detrimento del papel que el ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución, otorga a las asociaciones u organizaciones empresariales", según un extracto consultado por elEconomista.

Agrega que no se puede identificar la representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación (que la legislación atribuye a las cámaras) con la representación institucional del "mundo empresarial" o "de las personas físicas y jurídicas que realizan actividades empresariales".

Financiación

Asimismo, las patronales reprochan que el método de financiación pública que pretende el Consejo de Cámaras con cargo a los presupuestos generales de la Generalitat, fijado en un porcentaje del PIB, supondría una especie de recurso cameral encubierto, si bien asumido presupuestariamente y no a cargo inmediato de las empresas adscritas, lo que iría en contra de la normativa cameral actual, que considera a las cámaras un actor que debe autofinanciarse.

Además, el hecho de que se asignara de forma directa una parte de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña "podría suponer una ruptura de la neutralidad competitiva en los mercados privados en que operan".

Advierten de que, si la propuesta del Consejo General de Cámaras fuese adelante, las cámaras de comercio podrían erigirse como un actor dominante en la prestación de servicios privados en todas las empresas de Cataluña, haciendo muy complicada la competencia del resto de actores que cuentan con los recursos limitados que su propia actividad genera y no disponen de las facilidades de acceso a los clientes potenciales de que sí dispondrían las cámaras de comercio.

Competencia desleal

Por todo ello, las patronales instan a la Generalitat a evitar posibles actuaciones de competencia desleal en la futura ley catalana de cámaras de comercio y, en este sentido, abogan por establecer un carácter finalista para todas las subvenciones o ingresos de derecho público o de otra naturaleza que puedan recibir las cámaras. Este carácter finalista debería estar directamente relacionado con el desarrollo, a través de actividades concretas, de funciones de interés público o promoción de los intereses generales que tengan encomendados las cámaras.

También solicitan establecer la obligación de llevar contabilidad separada de las funciones público-administrativas y de las privadas de las cámaras, y la prohibición de utilizar información obtenida para el ejercicio de funciones público-administrativas en el desarrollo de sus actividades privadas y de mercado.

Además, recuerdan que, según la ley estatal básica que regula las cámaras de comercio, la 4/2014, habría que promover la existencia de relaciones de cooperación o colaboración de las cámaras oficiales de comercio con las organizaciones empresariales con el objetivo de desarrollar servicios dirigidos a las empresas que respondan a sus necesidades y que eviten duplicidades y aumenten su eficacia y eficiencia.

Infraestructuras

Foment y Pimec censuran también la propuesta del Consejo de Cámaras que pretende atribuir a las cámaras un rol creador, en igualdad de condiciones que el departamento correspondiente, en el establecimiento de un Plan de infraestructuras y sistemas generales de comunicaciones.

"Esta propuesta parece exceder con creces las previsiones normativas vigentes en materia de cámaras", sostienen.

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