Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado, con una duración inicial de un año, la suspensión preventiva de las licencias para alquilar habitaciones turísticas en hogares compartidos.
La decisión del Consistorio que lidera Ada Colau se produce después de que el Govern aprobará hace pocas semanas un decreto ley para regular las habitaciones compartidas y en el que se dejaba en manos de los ayuntamientos el desarrollo de la norma para adaptarla a cada municipio. La norma entrará en vigor este miércoles 26 de agosto, por lo que el lunes se reunió una comisión extraordinaria en el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de "blindar el derecho a la vivienda".
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha informado esta mañana que la suspensión de licencias permite que la Generalitat "rectifique" el decreto ley y diseñe una propuesta coordinada entre los ayuntamientos y la Generalitat para garantizar el derecho a la vivienda y abordar la crisis habitacional que, según Sanz, se ha agudizado a raíz de la crisis del coronavirus, según informa Europa Press.
"No podemos pensar que las habitaciones turísticas no impactan en el mercado de la vivienda. Impactan, lo alteran, porqué son actividades mucho más rentables y porqué sustituyen la oferta por la vivienda habitual", ha advertido Sanz.
En ese sentido, ha criticado que el decreto presenta aspectos poco precisos como el límite de la temporalidad y de las estancias, la capacidad o la perduración de las licencias, y ha instado a la Generalitat a incorporar más instrumentos --planes urbanísticos, ordenanzas, entre otros-- y a acompañar a los ayuntamientos para tener más competencias en el control y en las inspecciones de viviendas.
En ese sentido, ha reprochado que el Ayuntamiento de Barcelona no esté capacitado para determinar más condiciones y medidas del decreto, por lo que ha reclamado "respeto" por la autonomía y por la capacidad jurídica de los consistorios.
Sanz ha argumentado que más allá de liberalizar la actividad, la Generalitat debería desarrollar una normativa que regulara esta actividad para evitar la especulación: "No hemos de contraponer turismo con vivienda, lo que tenemos que contraponer es la especulación con el derecho al hogar".
Aunque ha defendido la compatibilidad entre la actividad turística y el acceso a la vivienda, ha alertado de que la especulación y la rentabilidad "juegan en contra" de los barceloneses y que el decreto está diseñado para favorecer una determinada actividad lejos de los intereses de la ciudad de Barcelona.
Por otro lado, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad compartida entre administraciones e instituciones y ha defendido el fin social de las viviendas turísticas: "Antes de tener pisos vacíos, proponemos que tengan un uso social con unas garantías públicas y con un precio".
