Barcelona
El sector de la construcción en Cataluña advierte de que el parón de la actividad durante el Covid-19 no únicamente tendrá afectación durante los cinco primeros de este año, sino que para el conjunto del año, si no se toman medidas las expectativas en el ámbito de las infraestructuras apuntan a una caída de la actividad de hasta el 25%.
De acuerdo con las previsiones de las principales entidades que realizan previsiones económicas, la inversión en construcción podría caer en España y en Cataluña en 2020 entre un 20% y un 25%, y crecería entre un 6% y 7% en 2021, según el último informe del sector de la construcción en el ámbito de las infraestructuras dependientes de la inversión pública, elaborado por Foment del Treball.
Para atenuar este descenso, desde la patronal se recomienda que las administraciones avancen a los próximos meses la licitación de proyectos previstos para 2021, aunque sea con el compromiso de no iniciar las obras hasta enero del próximo año.
En esta línea, el citado informe pide que el conjunto de las Administraciones Públicas, europeas, estatales, autonómicas y locales, diseñen de forma coherente los Planes de Reconstrucción (en linea con el Pacto Verd Europeu de la UE , que es su estrategia de crecimiento) a fin de que se realice un esfuerzo inversor planificado, recurrente, ordenado en el tiempo.
Las previsiones del descenso en la actividad son una proyección de los registros del primer trimestre de este año en el que, con el impacto de la pandemia y el estado de alarma, y la correspondiente paralización de las obras en marcha, se ha registro una disminución de la actividad en el sector del 8,3%.
"Si se mantiene en el tiempo esta baja inversión pública en Cataluña, la competitividad de la economía catalana y la calidad de vida de sus ciudadanos se verá perjudicada", concluye el informe difundido este jueves.
La licitación oficial de obras en Cataluña aumentó un 17%, en 2019, logrando 1.947 millones de euros. La actividad de la obra civil, que representa el 57% del total, se incrementó en un 20%, y la de la edificación, un 13%. Este importe, pero, es lejos encara de la media de los últimos veinte años, de unos 3.750 millones de euros anuales, a precios constantes. La inversión en infraestructuras se tendría que acercar al 2,2% del PIB (aproximadamente, unos 5.400 M€ anuales) que es la media de los principales países europeos los últimos veinte años, y realizar una inversión adicional para enjugar el déficit existente. Por eso, el bajo volumen de licitación agravia el crónico déficit de inversión en infraestructuras.
Foment reclama que, ante una situación de recursos públicos limitados, se seleccionen de forma esmerada las inversiones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas con criterios objetivos y transparentes, priorizando las inversiones sanitarias y verdes, empleando metodologías que sistemáticamente evalúen los proyectos y que permitan compararlos entre ellos, para sacar el máximo provecho de los recursos públicos, a la vez que habrá que contemplar las colaboraciones publicoprivades (CPP) y la financiación mediante el pago por uso (peajes abiertos, euroviñeta, etc).
Así mismo, Foment reivindica que las infraestructuras más estratégicas de Cataluña se tienen que gestionar desde el territorio con la participación de los agentes institucionales y económicos (Km 0). La lógica económica, la eficiencia, la libre competencia y la rendición de cuentas al contribuyente desde la proximidad avalan que los aeropuertos, puertos, ferrocarriles y carreteras de Cataluña se gestionen desde el territorio al cual dan servicio y, por eso, es necesario adoptar medidas valientes y significativas de descentralización de su gestión.
