La zona de bajas emisiones (ZBE) impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no presenta resultados contundentes en su primer día. El tráfico tan solo ha disminuido un 2,4% en el interior de la ciudad, un 0,8 en los accesos y un 1,8 en las rondas, comparado con un día laboral de noviembre de 2019 entre las 7 y las 10 de la mañana. El consistorio asegura que los datos todavía no son concluyentes y esperan obtener más resultados hacia final de mes acerca del impacto de la contaminación en la salud.
El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, ha reconocido en una rueda de prensa este miércoles que ni el volumen de vehículos ha cambiado respecto al 8 de enero de 2019, ni se ha notado un incremento significativo de pasajeros en el transporte público.
Si bien todavía es "prematuro", como defiende Badia, sacar conclusiones sobre la efectividad de la ZBE porque no se empezará a multar hasta el 1 de abril, el concejal ha admitido que las cámaras de tráfico han detectado hasta 5.635 vehículos sin etiqueta ambiental. Por ahora, ha expresado, pretenden tener una "radiografía del tráfico" orientada a reconocer cuáles de estos coches tienen la moratoria y cuáles están ignorando la ZBE.
"Cuando acabe el mes de enero haremos una media del tráfico en los días laborables para hacer comparaciones durante los próximos meses. En esta media no tendremos en cuenta los viernes, porque la movilidad es distinta", ha expresado Badia, que ha celebrado el crecimiento de peticiones de la T-Verde (casi 6.000 actualmente), que proporciona transporte ilimitado gratuito durante tres años a los que desguacen un vehículo y no se compren otro nuevo.
Para aquellos que circulan a pesar de la restricción, el Ayuntamiento enviará cartas a aquellos conductores que inciden de forma reiterada con un vehículo contaminante por el interior de la ZBE para explicarles la medida.
Comité de evaluación de la ZBE
La concejala de Salud, Gemma Tarafa, ha explicado en dicha rueda de prensa que, a petición del Ayuntamiento de Barcelona, hay un comité de científicos y expertos en salud que evaluará la efectividad de la ZBE. El comité tiene dos tareas: medir la mejora de la calidad del aire y cuantificar su impacto en la salud de las personas.
El grupo estará formado por técnicos en calidad ambiental, de movilidad y de salud del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). También se incorporarán miembros de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), así como científicos del Institut de Diagnòstic Ambiental y Estudis de l'Aigua que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científica (Idaea-Csic) y del Institut de Salut Global (ISGlobal).
Realizará informes monográficos cada seis meses presentando un análisis sobre los diferentes niveles de contaminantes en el aire. A los 12 y a los 24 meses hará estudios "exhaustivos" sobre la evolución de estos contaminantes y su impacto en salud y que pueden ocasionar mortalidad, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón o asma.
La concejal ha recordado que la ciudad supera de forma continuada desde hace 20 años los niveles de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), y que el 48% de los barceloneses están expuestos a niveles de NO2 superiores a los que recomienda la OMS y hasta el 95% en niveles de PM10.
Reacciones de los afectados
La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias presentará un recurso contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impugnar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que está en marcha desde el 1 de enero.
Según Badia, la ZBE constituye una "medida proporcional" y se ha ofrecido un tiempo de adaptabilidad hasta el 1 de abril ante las más de 1.800 alegaciones que recibió el Ayuntamiento barcelonés.
En una entrevista en la radio de Betevé recogida por Europa Press el pasado martes 7 de enero, la vicepresidenta y cofundadora de la plataforma de afectados, Mònica Xufré, explicó que a partir de la publicación de la ordenanza disponen de dos meses para recurrir a la vía judicial.
El presidente del Gremi de Tallers, Celso Besolí, ha asegurado que tienen preparado un informe del impacto económico que supone la ZBE, y que si no funciona se sumarán a la vía judicial.
Por su parte, el presidente de Fecavem y del Gremi del Motor, Jaume Roura, ha señalado que se sumarán a todas las ayudas que puedan aportar para "no perjudicar más al usuario de la movilidad privada".
Error en las etiquetas ambientales
La Dirección General de Tráfico ha reconocido este miércoles que ha habido errores en la adjudicación de algunas etiquetas ambientales. Les ha denegado el distintivo a vehículos que sí cumplen las condiciones para circular debido a que solamente han tenido en cuenta el año de fabricación del vehículo. Sin embargo, algunos fabricantes ya se habían adelantado al cumplimiento de normativas años atrás y sus vehículos, por tanto, no superan los límites de contaminación estipulados.
Estos errores se han producido en los coches diésel matriculados antes de 2006 y que entrarían dentro de la normativa de emisiones Euro 4. También en los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 que cumplen con la normativa Euro 3. A ambas normativas les correspondería la etiqueta B.
Todavía no se sabe cuántos son los afectados, pero la DGT se ha comprometido a ofrecer soluciones. Por ahora, los afectados deben acudir al concesionario y pedir el certificado de su vehículo. Una vez lo tengan deberán hacer los trámites apropiados en las oficinas de la ITV y de la DGT.
