Valladolid
Castilla y León celebra este domingo elecciones autonómicas. El Gobierno que salga de las urnas deberá hacer frente a retos tan importantes como la recuperación tras el Covid, la despoblación y los desequilibrios provinciales, el dimensionamiento de sus empresas, la retención del talento o el impulso de la innovación tecnológica y la digitalización como palancas para la transición verde de una economía regional que tiene en la agroalimentación, la automoción o el sector turístico sus principales fuerzas tractoras.
Con una extensión que supera a la de 17 países de la UE, el reto demográfico es la gran asignatura pendiente de una de las comunidades englobadas en la España Vaciada. La pérdida de población viene de décadas atrás y ha supuesto que en los últimos treinta años el número de habitantes haya caído en 150.000 personas. A día de hoy, el 70% de los municipios castellano y leoneses se encuentran en situación de desierto demográfico al no rebasar el umbral de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Menos población activa
El envejecimiento de la población es otro de los factores que tiene importantes repercusiones socio económicas. Según el último Diagnóstico Estratégico de la Comunidad de Castilla y León realizado por Caixabank, entre 2000 y 2020 la población entre 15 y 39 años ha retrocedido un 34,9%, lo que repercute en la caída del reemplazo generacional con la consiguiente contracción de la población activa. La tendencia demográfica regresiva ha supuesto el ascenso de la cuarta edad –80 y más años–, el colectivo más dependiente y que más demanda sociosanitaria ejerce.
Pero si revertir la sangría poblacional es a medio plazo una de las prioridades, lo urgente pasa por encarar la crisis económica. Castilla y León ha resistido mejor que otras regiones los efectos del coronavirus -con una caída del PIB en 2020 del 7,9% frente al 10% nacional-, gracias fundamentalmente a la agroalimentación. La recuperación, sin embargo, está siendo más lenta, con un crecimiento interanual en el último trimestre, según la AIREF, del 2,8% frente al 5,2% nacional.
En términos de empleo, aunque mantiene el diferencial de tres puntos por debajo de la media, la tasa de paro de menores de 25 años se dispara hasta el 32,4%. Junto a este colectivo, mujeres y parados de larga duración encuentran también grandes dificultades para acceder al mercado laboral.
Cualificación
Según Caixabank, el mercado de trabajo de Castilla y León refleja un modelo productivo sustentado en sectores y actividades poco intensivos en conocimiento. Además, tan solo el 48,1% de los ocupados en la región se ajusta a los niveles de formación-ocupación requeridos por el puesto de trabajo, reflejando niveles de sobrecualificación e infracualificación.
Aunque los costes laborales crecen por debajo de la media española, lo que favorece la competitividad de sus empresas, la productividad por trabajador es inferior que la del agregado nacional, (57.484 euros en 2019 frente a 58.937 euros), aunque es una de las regiones en la que más ha crecido en los últimos años.
Pese a su imagen de región agraria , Castilla y León muestra niveles de especialización industrial por encima de la media nacional. En primer lugar, destaca la agroalimentación, que agrupa al 28,4% del total de empresas industriales de la región. Su cifra de negocio fue de 10.135 millones de euros en 2019, lo que representa el 8,6% del total nacional.
La industria alimentaria se constituye de esta manera como un sector estratégico para el desarrollo económico y social ya que además cuenta con un tejido productivo fuerte que genera sinergias con otros sectores económicos como la gastronomía o el turismo, etc.). A eso se suma su gran vinculación con el medio rural, contribuyendo a frenar la despoblación.
En el contexto de la crisis sanitaria acontecida en 2020, la industria agroalimentaria ha sido fundamental para Castilla y León, especialmente para su comercio exterior, ya que, durante la extensión del estado de alarma, las exportaciones han crecido un 35%.
La industria del automóvil es el otro gran motor económico y que más apertura exterior proporciona. Las plantas de Renault, Nissan e Iveco constituyen un sólido entramado que genera una potente red de proveedores (Grupo Antolín, Gestamp, o Michelín, entre otras) que hace que se haya convertido en la Comunidad con más capacidad en la fabricación de automóviles de toda España.
Automoción y agroalimentación son además los dos principales motores de la exportación. En el primer caso, a fecha de 2019, ocuparon un 45,6% del total. Le siguieron las semimanufacturas y alimentos, con el 21,5% y el 14,7% del total, respectivamente. Entre los tres grupos abarcan el 81,8% del valor exportado por Castilla y León.
El decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida destaca las potencialidades de ambos sectores, que tienen los ojos puestos en los Fondos Next Generation. "En el caso de agroalimentación, porque no se puede deslocalizarse, y en el de la automoción porque nos dota de un músculo muy importante de cara a la electrificación que viene de Europa".
De Margarida, no obstante, subrayan que existen otros sectores potentes como "el de la Salud, la Energía y Medio Ambiente, el turismo de interior y el patrimonio, en el que incluyo a la lengua española" que deben tener un papel muy importante en la recuperación.
Castilla y León es también una gran potencia en energías renovables. Aproximadamente el 85,2% de la producción eléctrica generada en la región es verde, lo que representa casi el 22% del total nacional.
Capacidad logística
Otra de las potencialidades que deberán estar en la agenda del próximo gobierno para avanzar en la cohesión e integración intrarregional es la capacidad logística. El gran desarrollo de las infraestructuras de transporte ha situado a Castilla y León como la segunda región con la red más extensa de carreteras de alta capacidad y la primera en términos per cápita del país. La mejora de la red ferroviaria tradicional y el impulso al Corredor Atlántico aparecen ahí como principales déficits de la Comunidad.
Los deberes para el ejecutivo que salga de las urnas mañana domingo pasan también por transformar la estructura del tejido productivo. "Cerca del 97% son micropymes, lo que no ayuda mucho para la recuperación porque son más vulnerables a las crisis por las limitaciones que tiene a la hora de acceder a recursos financieros, tecnológicos y de formación, lo que repercute en su productividad. Un mayor dimensionamiento es fundamental", señala De Margarida.
Según el estudio de Caixabank, Castilla y León se encuentra por debajo de la media en empresas innovadores, aunque, por el lado positivo, la entidad, destaca que junto a Cataluña es la única Comunidad que más ha visto crecer su índice de emprendimiento desde 2008.
Para afrontar el futuro, De Margarida destaca la importancia de "sentar las bases con las ayudas de los fondos europeos de forma coordinada. La visión que viene de Europa tras esta crisis del coronavirus es que a medio plazo va a cambiar la forma de ser de las empresas y de las propias administraciones porque las nuevas generaciones tienden hacia el medio ambiente, la tecnología, la digitalización…".
Y en ese último punto, la región presenta un déficit importante. El despliegue de la banda ancha no se ha completado en el territorio, especialmente, en aquellas áreas rurales más periféricas y de baja densidad. El acceso de las pymes y autónomos a las tecnologías digitales avanzadas es aún limitado.
Fiscalidad
Castilla y León se sitúo en septiembre en el sexto puesto entre las Comunidades con un sistema fiscal más competitivo, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (AICF).
La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones unos meses antes fue el trampolín para que la Comunidad subiera siete puestos en el ranking autonómico y para que sea, además, la que tiene la fiscalidad más favorable para las familias, la segunda con menor tarifa del Impuesto de la Renta y entre las tres con la fiscalidad más favorable para el mundo rural.
La continuidad o no de este modelo dependerá del resultado de las urnas de este domingo. Mientras el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, aboga por continuar con lo que denominada "fiscalidad inteligente" y reducir medio punto el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes, además de aplicar deducciones por valor de 2.000 millones de euros, el candidato socialista, Luis Tudanca, partidario de la armonización fiscal que planea el Gobierno, lleva en su programa electoral un incremento del Impuesto de la Renta para los contribuyentes de más ingresos, además de la supresión inmediata del gravamen a las transmisiones y mortis causa e intervivos.
