Valladolid
La Junta de Castilla y León rechaza por el momento rebajar las medidas restrictivas a la hostelería en la Comunidad dado el nivel de contagios que, aunque desciende de forma importante, sigue siendo "elevado" y el nivel de ocupación hospitalaria.
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha detallado la situación actual de la Comunidad y han insistido su preocupación por los efecto de una "desescalada" en la expansión del virus.
Tras la sentencia que permite reabrir la hostelería en el País Vasco, Igea ha insistido en que la intención de la Junta es mantener las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que permita ir, de forma progresiva, relajarlas y ha recordado que se está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el toque de queda, algo que se mantiene hasta saber el fallo.
El vicepresidente ha insistido en que las medidas impuestas no son un "capricho" sino que tienen que ven con la evidencia científica durante la pandemia que evidencian que éstas han dado resultados. Así, ha garantizado que, de forma paralela, se sigue trabajando en la puesta en marcha de ayudas económicas para todos los sectores afectados por los cierres o reducción de actividad.
Igea ha recordado que el Tribunal Superior de Castilla y León se ha pronunciado "de manera reiterada" en contra de las medidas cautelares solicitadas por colectivos para reabrir la hostelería y ha defendido el fundamento "epidemiológico y jurídico" de la medida. "Estamos tranquilos y seguros del fundamento epidemiológico y jurídico", ha aseverado para indicar que de los 28 actos sujetos a ratificación judicial, 23 se ratificaron, 3 parcialmente, y dos no lo fueron.
"Más allá del hecho de esta sentencia sí hay que insistir en el llamamiento Gobierno para contar con una herramienta que permita afrontar esta crisis con garantías sanitarias y jurídicas", ha zanjado. "Esta es nuestra obligación y también debería ser la del Gobierno, los ayuntamientos, intentar entre todos paliar este daño, en el platillo de la balanza lo que más pesa es la vida de los ciudadanos", ha insistido.
Tampoco se ha mostrado preocupado por las posibles demandas que los hosteleros puedean presentar por las pérdidas de lucro cesante. "Están en su derecho. No hay mayor garantía que la Justicia".
Mientras, la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León ha abogado por esperar a conocer los resultados y la evolución de la situación en el País Vasco antes de presentar nuevos recursos judiciales en la Comunidad.
La Confederación se ha pronunciado así tras la reunión mantenida por Hostelería de España con las diferentes asociaciones provinciales y regionales y una vez que las asociaciones vascas han explicado los argumentos esgrimidos ante el TSJPV.
A través de un comunicado remitido a Europa Press, la Confederación ha constatado que se da la circunstancia de que en situaciones "de igualdad en los datos epidemiológicos", ha habido "diferencia de criterios" por parte de los gobiernos autonómicos a la hora de aplicar las restricciones, considerando que esta circunstancia "también podría darse en las diferentes sentencias que podían aplicar los respectivos tribunales de cada comunidad".
Pendiente de resolución
En cualquier caso, ha recordado que el pasado 27 de agosto se interpuso una demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL contra las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León, solicitando, además, la suspensión cautelar de las mismas hasta que hubiera resolución por el Alto Tribunal Autonómico, medidas cautelares que fueron desestimadas, lo que obligó a ampliar otra demanda dentro del mismo recurso el pasado 12 de diciembre de la que está a la espera de resolución.
La Confederación ha insistido en "la inexistencia de un informe médico" que constate el efecto negativo que genera la hostelería y "en la falta de rigor a la hora de demostrar que el cierre de los establecimientos facilite la lucha contra esta pandemia".
Tampoco entiende la Confederación el retraso en la decisión del Tribunal Supremo sobre el adelanto del toque de queda que decreto la Junta de Castilla y León el pasado 16 de enero, y que en caso de que la respuesta sea favorable a los intereses de los hosteleros traerá como consecuencia "otro importante número de demandas para recuperar las pérdidas económicas que haya generado esta restricción".
