Valladolid
Continúan las críticas por los efectos de la penalización fiscal a las bebidas azucaradas que planea el Gobierno. Ahora, ha sido el Gobierno de Castilla y León, principal Comunidad productora de remolacha azucarera, la que carga no solo contra los planes del Gobierno sino contra la campaña lanzada sobre este producto por el Ministerio de Consumo.
Durante su visita a la cooperativa remolachera Acor, el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, advirtió de que las actuaciones del Gobierno para incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y los "mensajes alarmantes" sobre el consumo de azúcar desde el departamento de Alberto Garzón son un "despropósito".
Carnero reconoció que la subida del IVA a las bebidas azucaradas ha supuesto "un jarro de agua fría" en una Comunidad que produce el 85% del azúcar en España. "Se trata de un impuesto injusto, discriminatorio y creado con un afán recaudatorio", advirtió e hizo un llamamiento al Ministerio de Hacienda y al de Agricultura para que sean sensibles, máxime ante la situación que vive el país, en general, y el sector de la hostelería, en particular, por la pandemia del coronavirus.
El titular de Agricultura fue especialmente crítico con la campaña del Ministerio que dirige Alberto Garzón, que asimila un sobre de azúcar con un cigarrillo. "Es, y nunca mejor dicho, infumable porque el consumo responsable es beneficioso para la salud. Lo que no es bueno es el comunismo con su forma de actuar y ruego al ministro a retirar una campaña que es dañina para el sector".
Fijar población
El consejero recordó que tanto la remolacha como la industria azucarera son "sectores estratégicos" para el medio rural de Castilla y León tanto desde el punto de vista económico y del empleo como social ya que revitalizan las zonas y contribuyen a fijar población. El sector genera 4.200 puestos de trabajo directos y otros muchos empleos indirectos .
Castilla y León acoge cuatro de las cinco fábricas transformadoras que hay en España: Miranda de Ebro (Burgos), Toro (Zamora), La Bañeza (León), pertenecientes a Azucarera, y la de Acor en Olmedo Valladolid.
También desde la asociación de fabricantes de Azúcar (AGFAE) se advierte de las graves consecuencias que el impuesto puede tener en el sector primario y en la lucha contra la despoblación.
"Se deberían haber tenido en cuenta las especiales circunstancias que vive el sector remolachero-azucarero, seriamente dañado por la desaparición de las cuotas de producción comunitarias y la posterior reducción del precio del azúcar, que ha llegado a situarse en mínimos históricos", afirman.
AGFAE también pone de relieve la "importantísima contribución del cultivo de la remolacha al dinamismo del medio rural, de esa 'España Vaciada' y, una vez más, olvidada, que ve cómo se cercena la viabilidad de un cultivo que aporta como pocos, seguridad y estabilidad a la renta agraria".
