Valladolid
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que "no es el momento" de hablar de desescalada porque podría ser "una catastrofe" y ha pedido "no relajar" el nivel confinamiento actual frente a la pandemia por COVID-19. "Puede ser una catástrofe", advierte.
Igea considera que este lunes no se debería reabrir la actividad económica de ciertos sectores que se vio interrumpida por el permiso remunerable recuperable de 15 días decretado por el Gobierno de España y que concluye al final de esta semana, al tiempo que ha reclamado que el Ejecutivo convoque "a la mayor brevedad posible" al comité de expertos en el que él representará a Castilla y León, informa Europa Press.
El vicepresidente y portavoz ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras la reunión este jueves del Consejo de Gobierno de la Junta, donde ha advertido de que la situación actual no es "ni mucho menos" la de un escenario en el que no haya casos nuevos de contagio, a pesar de la ralentización de este crecimiento, por lo que ha insistido en que resulta "absolutamente precipitado" hablar de ello "mientras aún continúan aumentando los casos". "Debemos aprender de las experiencias de otros países", ha apostillado el también portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
Igea ha advertido de que de relajarse ahora el confinamiento, tras un periodo de incubación de 10 ó 15 días podría producirse "un nuevo rebrote" de casos que "pillaría al sistema absolutamente exhausto" y pondría a las unidades de cuidados intensivos "al límite de su capacidad", lo que originaría "una catástrofe".
Por ello, ha pedido al Gobierno la convocatoria de ese comité de expertos para evaluar las medidas necesarias y "el momento necesario" para proceder "con seguridad" en un eventual descenso del confinamiento, así como las fechas y condiciones del mismo, un momento que, a juicio de la Junta, "está lejos de llegar".
Testeos masivos
Entre las ideas que la Comunidad va a llevar a este comité está que para poder hablar de desescalada es necesaria una capacidad de testeos masivos "que no existe en este momento" y que permitiría ser capaces de distinguir quiénes han pasado la enfermedad, quiénes no o quiénes están ya inmunizados.
En este sentido, Francisco Igea ha defendido la propuesta de la Junta de expedir carnés de inmunidad para que la población a salvo del contagio pueda moverse "con más libertad" y recuperar "cierta normalidad de forma razonable", con una trazabilidad de los contagios apoyada por "tecnologías del siglo XXI" como las aplicaciones de geolocalización que informan a la gente de quién ha estado cerca de un positivo para que pueda confinarse, herramientas "útiles" que, en todo caso, mantendrían "la confidencialidad de los datos".
El vicepresidente castellanoleonés ha abogado por aprovechar estos recursos al tiempo que ha advertido de que "no tendría sentido" volver a un escenario de recuento manual de contagios y revisión epidemiológica "como se venía haciendo hasta el momento".
Carnés de inmunidad
Sobre los carnés de inmunidad, Igea ha recordado que ya desde los años 50 existen carnés de vacunación y ha defendido la importancia de saber "quién está inmunizado y quién no", algo "de una simplicidad elemental" que ya se hace en otros países, aunque ha admitido la dificultad de ponerlo en marcha sin los test suficientes.
Ante una hipotética desescalada, la Junta de Castilla y León considera que debería hacerse siguiendo un criterio de segmentación territorial en función de las tasas de contagios que presente cada uno en un ámbito que podría ser local, provincial o por zonas de salud.
En este sentido, Igea ha defendido que sean las comunidades autónomas las que determinen los niveles de confinamiento en cada territorio en lugar del Ejecutivo central, al hilo de lo cual ha recordado la efectividad de las medidas aplicadas en el entorno de Miranda de Ebro y Burgos al inicio de la pandemia. "Eso no se puede hacer desde el Gobierno central", ha recalcado apelando a la "lentitud de respuesta" y el "desconocimiento del territorio" de la Administración central.
Junto a esto, ha abogado por una "segmentación demográfica" que impida la vuelta al trabajo a las personas mayores de 50 años, inmunodeprimidas, diabéticas o con otras patologías previas que las sitúen en una situación de mayor riesgo en caso de contagio.
El número dos del Ejecutivo autonómico ha advertido de que no pueden repetirse escenas como los atascos registrados en Madrid este miércoles y ha pedido el establecimiento de "controles estrictos" tanto en las carreteras como en los medios de transporte para impedir el movimiento de personas "no autorizadas o sin pasaporte inmunitario".
Para Francisco Igea, tampoco se puede plantear un escenario de desescalada sin haber hecho antes acopio de material sanitario y de protección "por lo menos para ocho semanas", a la vez que ha subrayado que no se deberían relajar las medidas de confinamiento, "al menos a nivel provincial", hasta llevar más de una semana sin casos nuevos.
Seguridad en el trabajo
Por motivos laborales y "para evitar el colapso" se podría plantear, a juicio del vicepresidente, otra opción, pero dichas medidas habrían de evaluarse "cada siete días" y extremando las condiciones de distanciamiento social, la dotación de mascarillas, guantes, solución hidroalcohólica y control de temperatura en los centros de trabajo, así como mantener la prohibición de eventos sociales. Todas estas medidas progresivas deberían comenzar por aquellas personas "menos expuestas".
Para el portavoz de la Junta, la Administración responsable de proporcionar a las empresas estas medidas de seguridad es la central, tanto por tener las competencias en materia laboral como por la actual declaración de Estado de Alarma, a pesar de lo cual el Gobierno regional "no va a abdicar" de la responsabilidad sobre sus propios trabajadores.
En cuanto a la actividad lectiva, la Junta de Castilla y León considera que no debería volverse a las aulas "hasta pasadas dos semanas sin casos nuevos", algo que debería acordarse en el comité de expertos, según el criterio del Ejecutivo autonómico.
En las residencias, Castilla y León propondrá mantener protocolos específicos de higiene y de régimen de visitas que eviten nuevos brotes, así como la realización de test serológicos a todos los residentes.
Junto a este comité nacional, la Junta de Castilla y León tiene intención de crear uno propio en el que estén representados la atención hospitalaria y primaria, las consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo, pero también la de Transparencia que dirige Francisco Igea, el cual ha insistido, no obstante, en que "no es el momento de hablar" de ellos puesto que "ni siquiera se ha llegado a la parte más alta de la meseta" en la curva de contagios.
"No es el momento de hablar de esto, de que un ministro diga una cosa y otro, otra; de que una comunidad autónoma diga una cosa y otra, otra", ha reiterado Igea, quien ha defendido la "lealtad" de la Junta con el Gobierno de España, si bien ha reconocido que no ésta no es "acrítica" porque eso no sería propio de una administración "responsable".
Francisco Igea ha asegurado que España ha logrado "aguantar el embate" de la "mayor crisis sanitaria de este país desde la Guerra Civil", pero ha insistido en que no se puede "tomar una medida" como la desescalada "sin un consenso científico, político y territorial".