Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica -nombrados por sus siglas Perte- merecen la atención de algunos países europeos por su novedad y peculiaridades jurídicas del instrumento de colaboración público-privada. De la mano de la Oficina de Fondos Europeos de PwC, lanzada en 2020 para ayudar a empresas y administraciones a aprovechar las ayudas europeas, revisamos los Pertes anunciados y las negociaciones en marcha para incorporar los préstamos al Plan de Recuperación.
Con nueve proyectos estratégicos ya en marcha, se anuncian más...
Sí, el Gobierno prevé dar 'luz verde' en las próximas semanas a los dos nuevos anunciados: Economía social de los cuidados y el Perte sobre microchips y semiconductores, que desplegará una inversión de 11.000 millones de euros. Otro Perte en estudio que también puede ser relevante es el de descarbonización de la industria electrointensiva, centrado en el acero y el aluminio y anunciado por la ministra de Industria, Reyes Maroto.
La figura del Perte no deja de ser inédita, ¿otros países piensan ya en replicar esta fórmula?
Efectivamente, está suscitando interés. Algunos países europeos han preguntado a España por este instrumento excepcional con la intención de valorar replicar el modelo. Las posibilidades que brinda el Perte son, sin duda, relevantes. Evidentemente, las necesidades de las empresas son acuciantes pero, en cualquier caso, el Perte no es una figura de agilización, -entre otras cosas, porque requiere su aprobación por el Consejo de Ministros-. La figura responde a la filosofía de facilitar procesos de reforma estructural de toda la cadena de valor.
"Esos 72.000 millones de euros podría darlos en subvenciones, destinarlos a inversión a través de contratación pública o a la concesión de préstamos"
España ya está negociando con la Comisión Europea la incorporación de los préstamos al Plan de Recuperación. Toca, pues, reclamar...
Así es. Es la anunciada solicitud de préstamos vinculados a los 'Next Generation EU', de los que España puede recibir hasta 72.000 millones de euros. El Ministerio que encabeza Nadia Calviño ha empezado a trabajar con los departamentos del Gobierno para preparar la adenda. Supone la siguiente fase de la negociación con la Comisión Europea sobre el despliegue del Plan de Recuperación, que pasa por la incorporación de los fondos disponibles en forma de préstamos. El plan presentado en abril de 2021 y evaluado favorablemente por el Ecofin sólo comprende los gastos en los 72.000 millones que no tenemos que devolver. Ahora se debe tomar la decisión de solicitar los otros 72.000 millones para los que habrá que asumir compromisos en un plan adicional. El debate más interesante en torno a estos préstamos es el siguiente: cuando España reciba el dinero a crédito, que tendrá que devolver, ¿lo hará llegar a la empresas también con un mecanismo con retorno? No necesariamente tiene que ser así. El hecho de recibir en préstamo no implica que tenga que hacerse llegar a las empresas en forma de crédito. Esos 72.000 millones de euros podría darlos en forma de subvenciones, destinarlos a inversión a través de contratación pública o a la concesión de préstamos a empresas en condiciones beneficiosas.
Entonces, ¿será necesario un segundo plan de recuperación que detalle qué se hará con ese dinero?
Exacto. En eso están trabajando. Cuando en abril de 2021 se presentó el plan se escuchó que la decisión de pedir a crédito la otra mitad, los 72.000 millones que se movilizarán a crédito, se demoraría. Desde entonces han pasado muchas cosas, entre otras, una guerra, y en ello se está reflexionando. En principio, es una decisión que no se demorará.
No todos los Pertes son iguales, ¿cómo los clasifican? ¿En qué grandes tipologías?
Básicamente se pueden clasificar en dos grandes grupos: los Perte de cadena de valor y los temáticos. En los primeros, los más vinculados al Ministerio de Industria, es donde se vislumbra con una mayor claridad la capacidad de tracción de los proyectos. El más paradigmático y avanzado es el del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC) ¿Qué sentido tendría fomentar en España que se fabriquen baterías si no van a ser utilizadas para coches eléctricos? Esta realidad obliga a presentar proyectos que abarquen toda la cadena de valor a través de una figura que está cobrando un gran protagonismo: las agrupaciones sin personalidad jurídica. Todas las empresas que impulsen un proyecto de estas características se agrupan en este mecanismo. Sin embargo, hay otros Pertes, los llamados temáticos, donde la cadena de valor no tiene esa relevancia y que incluyen una pluralidad de ayudas no necesariamente conectadas, como en el Perte de la salud de vanguardia.
"La labor de PwC se ha centrado en dos aspectos: asesorar a Seat en el diseño del modelo de gobierno del proyecto y maximizar las inversiones de la compañía"
Hablando de agrupaciones, Seat y Volkswagen han encargando a PwC diseñar el modelo de gobierno del proyecto para el Perte VEC...
Así es. PwC ha asesorado a Seat y al Grupo Volkswagen para acceder a la adjudicación del primer Perte aprobado en España. Ambas compañías se han unido en un consorcio con otras 61 empresas para poner en marcha la iniciativa 'Future: Fast Forward' para acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España a través de la fabricación de vehículos eléctricos. La labor de PwC se ha centrado en dos aspectos: asesorar a Seat en el diseño del modelo de gobierno del proyecto y maximizar las inversiones de la compañía con el apalancamiento de los fondos europeos. El Perte prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones y una inversión privada de 19.700 millones.
¿Cómo se articulan las relaciones entre las empresas agrupadas para proyectos de Perte?
Aunque es un ente sin personalidad jurídica, el acuerdo de agrupación debe presentarse a la Administración. Es vinculante para las partes cumplir con la letra pequeña. Los compromisos asumidos frente a los compañeros de agrupación son jurídicamente exigibles. Luego hay mecanismos de resolución de disputas para evitar su judicialización. Desde el punto de vista de la Administración, debe comprobar que cumplen con todos los puntos necesarios. Entre los cometidos de su rol figura autorizar, por ejemplo, las entradas o salidas de las agrupaciones sin personalidad jurídica.
Los bancos parecen quejosos de su escaso papel en los Pertes, ¿qué rol podrían jugar?
El papel de la banca es otro debate interesante. Particularmente, formé parte del grupo creado por la CEOE con propuestas de agilización, una de ellas encaminada a que la banca asuma el rol previsto en Ley General de Subvenciones como entidades de colaboración. Eventualmente, tendría sentido, por ejemplo, para canalizar las ayudas de eficiencia energética en edificios y sostenibilidad en viviendas y la llegada a los particulares vía sucursales.
