Banco Santander ha recurrido la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de imputarle en el caso Banco Popular en calidad de 'heredero' de la responsabilidad penal por haberlo comprado, mediante un escrito en el que sostiene que la entidad que adquirió no es la misma que aquella donde presuntamente se cometieron los delitos que se investigan, porque aquella había "muerto" jurídicamente: ya se había ordenado su resolución y tanto el capital como la cúpula habían cambiado.
En su recurso, el Santander habla del Popular como dos entidades distintas, el "antiguo" banco y el "nuevo", según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press. El punto de inflexión lo sitúa en el 7 de junio de 2017, mucho antes de la absorción, cuando la Comisión Europea refrendó la decisión de la Junta Unica de Resolución (JUR) de resolver la entidad y la venta forzosa de la misma. Después, entró el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
"El FROB saneó el antiguo Banco Popular y modificó su estructura de propiedad para generar un capital que el propio FROB pudiera vender a un tercero. Estas medidas suponen una clara e indiscutible quiebra de la personalidad del antiguo Banco Popular, en cuyo seno se habrían cometido presuntamente los delitos objeto de la presente instrucción. Como consecuencia de la resolución, nació un nuevo Banco Popular, materialmente distinto del antiguo Banco Popular, en cuyo seno se habrían eventualmente cometido los supuestos delitos objeto de investigación", dice el recurso.
Concluye así que "la decisión del poder público europeo que, en protección de relevantes intereses generales, acordó la resolución de Banco Popular supuso la creación de una nueva realidad, un nuevo Banco Popular, para venderlo a un tercero (en este caso, Banco Santander)". "Esas decisiones de los poderes públicos determinan que no se pueda trasladar a este tercero, Banco Santander, la eventual responsabilidad penal del antiguo Banco Popular, por impedirlo los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad", alega.
En la misma línea, incide en que "la resolución acordada por la JUR se equipara a la 'muerte' de la realidad jurídica anterior, por mucho que se mantenga, formalmente, la misma personalidad jurídica". "De ahí la imposibilidad de que la eventual responsabilidad penal del antiguo Banco Popular sea trasladada o heredada por Banco Santander", asegura la entidad.
La entidad presidida por Ana Botín defiende también que sostener lo contrario no respetaría la jurisprudencia, ya que Caixabank no ha sido imputada por los delitos que cometió la cúpula de la entidad que absorbió, el Banco de Valencia y cuyos exresponsables, parte de los cuales ya han sido condenados, siguen sentándose estos días en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por hundir la sociedad.
Expedientes sancionadores de la CNMV
En paralelo, el magistrado José Luis Calama ha librado varias diligencias en esta causa. Una de ellas, a la que ha tenido acceso Europa Press, consulta al Banco Santander si en calidad de investigado, mantendrá la misma representación legal que tenía el Banco Popular en la causa o designará a otro abogado.
Además, el juez pide a la CNMV que remita al Juzgado copia testimoniada de los expecientes sancionadores "en el estado en que se encuentren" incoados a la entidad financiera Banco Popular, a sus consejeros ejecutivos, a los responsables de su comisión de auditoría y a su director financiero, en relación con la información financiera que suministraron a dicho organismo regulador respecto delas cuentas anuales del año 2016.
Por otra parte, ordena requerir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas copia testimoniada de los expedientes sancionadores incoados a PwC y contra su socio auditor, Pedro Barrio Luis en relación con sus trabajos de auditoria de las cuentas anuales del Banco Popular del año 2016.
