La presión para que Francisco González (FG) abandone totalmente BBVA y deje la presidencia de honor del banco y la Fundación crece día a día. Llega hasta del BCE, que ha reclamado al banco y a su consejo de administración su cese por la repercusión del caso Villarejo. De hecho, el órgano rector de la entidad, que se reunirá el próximo lunes 21, analizará la salida definitiva del banquero de Chantada tras más de veinte años al frente del grupo.
El malestar con las presuntas escuchas irregulares encargadas a las empresas de Villarejo en 2004 y 2005 es profundo en la ciudad financiera de la entidad, sobre todo en los escalafones más altos, en los que algunos consejeros y directivos están de acuerdo con las solicitudes del BCE y pedirán su marcha inmediata si antes no renuncia de manera voluntaria.
Algunos de estos vocales no quieren verse salpicados por el caso, que está provocando, por sus consecuencias, una riada de críticas desde todos los ámbitos y sectores. Una serie de miembros, designados posteriormente, están a favor también del despido, según informan fuentes conocedoras de la situación a este diario. De aprobarse tal petición, González perdería los derechos que disfruta por su condición, como chófer, despacho y vehículos para los viajes oficiales y su vinculación.
Desde aquella época, hace catorce años, permanecen en el consejo de administración varios miembros -Carlos Loring Martínez de Irujo, José Maldonado Ramos y Susana Rodríguez Vidarte-. El por entonces consejero delegado y hoy presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, está trasladando en los últimos días a sus colaboradores, al albur de las informaciones, que desconocía cualquier tipo de noticia sobre la trama de espionaje, por lo que está mostrando tranquilidad absoluta. Lo mismo está realizando el entonces jefe de gabinete de la presidencia de BBVA y actual número dos de Bankia, José Sevilla.
La sensación de malestar fue, incluso, manifestada por el recién estrenado presidente ejecutivo, Carlos Torres, en una carta enviada el lunes a primera hora a los trabajadores, en la que admitía que "todos estamos escandalizados" por las informaciones que apuntan a que el expolicía intervino, sin orden judicial, unas 15.000 llamadas de importantes políticos, empresarios y periodistas con el fin de BBVA y González ganaran la batalla a la constructora, que pretendía tomar el control del banco.
El código de conducta de la entidad, impulsado por el todavía presidente de honor, es contrario a cualquier tipo de actuación ilícita o que ponga en riesgo su imagen. En esta guía BBVA reclama a todos sus trabajadores -máxime los altos ejecutivos- a que antes de tomar una decisión deberían plantearse una serie de preguntas, como ¿vulnera alguna ley o regulación?, ¿es contraria a los valores, normas o políticas de BBVA? o ¿si mi comportamiento se hiciese público se consideraría inadecuado o poco profesional?
El código deja claro que la institución financiera "no tolera comportamientos que se separen" de los principios éticos, es decir que puedan ser reprochables o "perjudiquen la reputación o su buen nombre".
Sólo el hecho de que haya una investigación sobre una supuesta red de espionaje masiva pone en cuestión la honorabilidad del que entonces era principal responsable del banco y que, según las escuchas, el propio González reclamaba información cada diez o quince días. Esto, incluso, también iría en contra de los criterios que aplican los supervisores bancarios nacionales y europeos, que es de hecho en lo que se basa el BCE en sus reclamaciones al consejo de BBVA.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) articuló en 2013 unos requisitos sobre honorabilidad, experiencia y buen gobierno que el Ejecutivo de Mariano Rajoy incorporó ese mismo año al marco jurídico español en forma de real decreto para potenciar el control de los bancos desde su propio seno interno y también por parte del Banco de España. Esta normativa exige "honorabilidad" a los consejeros, directores y altos cargos en las entidades financieras y señala que quedarían fuera de este concepto de honorabilidad aquellos sobre los que existan investigaciones relevantes y fundadas en relación con delitos económicos, entre otros aspectos. La lista de requisitos también incluye que tampoco podrán formar parte de la cúpula de un banco personas que hayan sido condenadas por delitos.
La legislación obliga al Banco de España y a las propias entidades a tener un control continuo sobre el cumplimiento de estos requisitos. De momento, el Banco de España guarda silencio sobre el presunto caso de espionaje nacido en las entrañas del BBVA hasta conocer el alcance de las investigaciones judiciales, mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció la semana pasada una investigación sobre la repercusión que puede tener el caso Villarejo en la banca y, por otro lado, sobre el espionaje que se hizo a altos cargos del propio organismo.
La batalla continúa
Con las presiones ejercidas, el BCE quiere aprovechar el caso Villarejo para mantener su pelea con González. En los últimos meses, el organismo supervisor se ha opuesto sin éxito al plan de sucesión en la entidad, que se materializó el pasado 1 de enero. No quería que Torres fuera presidente ejecutivo y que González se quedara vinculado a la institución desde la posición del cargo honorífico.
El debutante presidente Carlos Torres ahora analiza a fondo los acontecimiento de 2004 y 2005 a través de la investigación interna. Un estudio que, por cierto, comenzó bajo el mandato de González, ya que se inició en junio pasado tras conocer la actuación de la Audiencia Nacional. El banco, según Torres, aún no ha hallado indicios de irregularidades en relación a los contratos, por lo que aún no ha tomado ninguna decisión.
No obstante, a pesar de las presiones del BCE al consejo de la entidad, el organismo supervisor europeo no ha trasladado al Gobierno español ninguna preocupación por el banco, según informan fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, el BCE reconoce que este tipo de casos hace daños reputacionales a la entidad.
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