"La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su sistema de Seguridad Social". Esta advertencia, hecha a principios de año por la comisión ejecutiva federal del PSOE, cada vez está más cerca de consumarse. La intención del Gobierno es aprobar una nueva tasa a las entidades que, de alcanzar el volumen anunciado hace meses, se llevaría en torno a un 10% de los beneficios conjuntos en nuestro país. En 2017, ganaron cerca de 9.000 millones sin tener en cuenta las pérdidas extraordinarias cosechadas por Popular para su saneamiento.
El objetivo, según la propuesta lanzada en enero por el partido hoy en La Moncloa, es recaudar unos 1.000 millones con el incremento del impuesto de Sociedades que pagan los bancos. De esta manera, teniendo en cuenta la contribución realizada por el sistema el año pasado, la factura fiscal se incrementaría un 31%.
Los principales banqueros presionaron la semana pasada al Gobierno de Pedro Sánchez para que evitara cualquier tentación de poner en marcha este tributo para pagar las pensiones. En unas jornadas organizadas por elEconomista, los consejeros delegados de Santander, CaixaBank y Bankia -José Antonio Álvarez, Gonzalo Gortázar y José Sevilla, respectivamente- coincidieron en señalar que el sector "ya paga suficientes impuestos". La petición parece que ha caído en saco roto.
Bankia, la más castigada
En principio, los grupos más castigados por este gravamen, de ser aprobado finalmente, serían aquellas que solo operan en nuestro país y no tienen diversificación geográfica. Así, un estudio de Alantra, Bankia sería las más afectada por la medida. La firma de valores, que aplica un aumento de 8 puntos sobre la tasa impositiva de las entidades para que el Estado capte esos 1.000 millones, considera que las cuentas del grupo nacionalizado descenderían un 11% estimado para 2020.
El año pasado el sector elevó significativamente su aportación a las arcas públicas, ya que abonaron por Sociedades 3.217 millones, una cantidad que es cuatro veces superior a la de 2016 y que se acerca la os importes previos a la crisis. El aumento se debe, sobre todo, a las limitaciones por la utilización de los denominados activos fiscales diferidos (DTA), por los que las entidades pueden acogerse a deducciones por pérdidas cosechadas en el pasado y por el colchón de provisiones que efectuaron en ejercicios anteriores para su saneamiento.
Esta mayor contribución también se debe a Popular y su rescate. El Santander llevó a cabo anulaciones de activos fiscales a los que tenía derecho por las menores expectativas de generar beneficios futuros, determinante para la recuperación de bases imponibles negativas.
La nueva tasa podría generar una subida de los precios de los productos y servicios que ofrecen, ya que tienen comprometidos con sus accionistas y con el mercado metas de rentabilidad, cuyo alcance se complicará si tienen que pagar un impuesto especial o extraordinario ahora. Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno también baraja la puesta en marcha de un gravamen a las operaciones financieras, que sufragarían aquellas entidades que realicen este tipo de transacciones. Un alza de los precios coincidiría en un momento en que los tipos de interés empiezan a subir y provocarán, más temprano que tarde, un encaramiento de los créditos.
3.217 millones de euros
Es el volumen de impuestos que pagó la banca española a las arcas del Estado el año pasado, según los datos del organismo supervisor. La cifra se acerca las de antes de la crisis y es muy superior a las contribuciones negativas de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, cuando el sector tiró de activos fiscales diferidos para reducir carga fiscal.
