La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) niega haber sufrido "injerencias" políticas durante el análisis de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y descarta que la intervención del Gobierno para endurecer los compromisos asumidos por el grupo vasco pase factura a la imagen del organismo. "No -va a- desacreditarnos porque está previsto en la propia ley", expuso este martes la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de BBVA.
"Durante las deliberaciones no ha habido injerencias, no me consta ninguna presión", refirió y defendió la profesionalidad con la que los consejero enfrentaron el análisis y las decisiones sobre la operación frente a las expectativas que se habían generando por los nombramientos.
Se presumía una posición radicalmente en contra de la opa por parte de Pere Soler por su proximidad a Junts, pero el dictamen finalmente logró la unanimidad después de que BBVA subiese sus garantías en los últimos momentos, elevando el blindaje del crédito a las pymes en Cataluña y Baleares y la inclusión en la protección a los autónomos, entre otras medidas.
Al ser cuestionada sobre la dispar interpretación jurídica sobre el margen de actuación del Ejecutivo y si la ley de Competencia solo le capacita para suavizar o ratificar medidas adoptadas previamente por la CNMC o los riesgos de interés general que puede invocar, la presidente de la CNMC deslizó que la ley "ayuda poco" a concretar esos escenarios, al no acotar los supuestos.
Desveló que este punto fue muy debatido durante la elaboración de la normativa, pero finalmente no se concretó ni limitaron los aspectos que pueden considerarse de interés general de forma que su identificación o definición se dejó abierto.
"La ley establece, simplemente, que el Gobierno, por razones distintas de competencia, podrá eliminar condiciones, mantener condiciones, pero no nos dice si más o menos", apuntó. A su juicio lo relevante es que el interés general que "justifica la propia existencia de la Fase III" -intervención del Consejo de Ministros-, sea por "razones distintas de competencia y tiene que basarse en el interés general".
En referencia a las reticencias mostradas por la Comisión Europea y la advertencia de que esa intervención podría entrar en colisión con los tratados europeos, pudiendo conllevar una sanción para España, defendió la existencia clara de espacio para intervenir.
"El propio Reglamento de concentraciones europeo prevé situaciones en las que hay excepciones también a la propia aplicación del Reglamento con lo cual yo creo que no debe plantear problemas la existencia de esa Fase III", elaboró. "Todo depende de cómo se hagan las cosas. Si se hacen bien, yo creo que estamos perfectamente dentro de la legalidad", apuntó.
Fernández expuso que no es una singularidad de España sino que hay otros países dentro de la Unión Europea que también contemplan intervenciones parecidas como Francia e Inglaterra y "nunca ha suscitado ningún problema por parte de la Comisión". "El propio Reglamento de operaciones de concentración europeo también tiene algunas salvaguardas, o sea que estaríamos en línea", resumió.