La opa de BBVA sobre Sabadell entra en los tribunales. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el despacho de abogados Statera Legal contra la consulta pública lanzada por el Gobierno para decidir si la llevaba al Consejo de Ministros y ha abierto una pieza separada para estudiar si impide al Ejecutivo que utilice la información recabada con ella para condicionar la operación como medida cautelar. El tribunal concede diez días al Ministerio de Economía para que formule sus alegaciones, explican fuentes jurídicas.
El despacho interpuso el recurso contencioso-administrativo el lunes pasado contra la insólita consulta pública, al considerar que carece de cobertura legal y porque, a su juicio, se formuló con "diferentes defectos formales de gravedad". La herramienta habilitada para pulsar la opinión pública permitía lanzar opiniones simulando identidades falsas o con DNIs inventados, algo que provocó una fuerte polvareda y despertó temores que el ministerio de Economía intentó disolver garantizando que se cribarían las respuestas.
Entre sus argumentos, Statera Legal esgrime que la consulta "no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico", sería contraria a la Constitución con su formulación y el proceso de cumplimentación del formulario estaba "ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario", quedando expuesto al riesgo de una suplantación a gran escala –como un ataque informático–.
Mientras el tribunal decide sobre el fondo del asunto, reclamó en paralelo como medida cautelar que impida al Gobierno utilizar los resultados obtenidos por esta vía para justificar la decisión sobre la opa y aplicar medidas sobre la base de esa información. La suspensión cautelar del uso de los datos obtenidos "pretende evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso y aseguraría la efectividad de la futura sentencia", explicó el despacho.
La consulta pública fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado día 6 como una herramienta para escuchar a los ciudadanos y las organizaciones empresariales. Aunque no hay precedentes de un proceso así dentro de decisiones sobre operaciones corporativas, el Ejecutivo defendió que es una herramienta habitual para diferentes procesos como la elaboración de una ley.
Aunque sus resultados no eran vinculantes, el titular del ministerio, Carlos Cuerpo, reconocía que ha sido "útil" en el proceso decisorio y se ha comprometido a publicar un informe con sus resultados. Su formulación se lanzó para decidir si existen motivos de "interés general" que justificasen que la operación tenga que ser analizada por el Consejo de Ministros, pudiendo agravar o aliviar los compromisos asumidos por BBVA con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En paralelo y para tomar esa decisión, Economía realizó un contraste o consulta adicional con los ministerios que conforman la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Hasta cinco de los 22 ministerios que conforman el Gobierno pidieron al de Economía abrir la operación a análisis: el de Industria y Turismo; el de Trabajo y Economía Social; el Transición Ecológica y Reto Demográfico; el de Derechos Sociales y Agenda 2030; el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Economía elevó el pasado martes la operación al Consejo de Ministros que ahora dispondrá de 30 días naturales para evaluar los riesgos advertidos y determinar si impone nuevas condiciones a BBVA adicionales a las establecidas por la CNMC.
El departamento ha observado riesgos relacionados "con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social".
Que se abra el estudio no prejuzga el resultado, ya que el Consejo de Ministros podría concluir que ratifica la resolución del organismo presidido por Cani Fernández, añade condiciones o, incluso, las suaviza como hizo otro Consejo de Ministros en el año 2012 para facilitar la fusión de Antena 3 y La Sexta, aliviando sus condiciones.
Sin embargo, el Ejecutivo ha sido crítico con la transacción desde que se formuló, al estimar que introducía "efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español", por agravar la ya alta concentración del sector.
La incursión del Gobierno lleva meses bajo lupa de Bruselas. La Comisión Europea (CE) abrió un "pilot" a España e Italia a finales de 2024 para conocer las posibilidades de entrar en operaciones corporativas como la opa. Se trata de un procedimiento habitual para requerir información a los Estados. Fuentes de la Comisión Europea deslizaban esta semana que el Ejecutivo Comunitario no aprecia razones para que el Gobierno bloquee o rechace la opa y que velarían para cualquier medida sea compatible con el Derecho de la Unión Europea (UE).
Cuerpo descartó colusión alguna entre ambos marcos normativos recordando que la Ley de Competencia española atribuye al Gobierno la responsabilidad de "velar por cuestiones más amplias de interés general", distintas a las que analiza la CNMC y el Banco Central Europeo (BCE).
La apertura del proceso de interlocución tuvo lugar cuando la CNMC abrió su expediente a un análisis más exhaustivo (Fase II), allanando el camino a una ulterior entrada del Gobierno porque el organismo de competencia ya había fijado compromisos a BBVA en la Fase I. Según la Ley, el organismo de Competencia tiene que remitir su resolución al ministerio de Economía cuando apruebe una operación con remedis en la Fase II -no lo haría de salir limpia la autorización o de impedirla-.
Ahora el foco de la Comisión Europea es verificar que las razones esgrimidas por el Gobierno para entrar en su análisis son válidas -el interés general se constata- y posteriormente velará por que su respuesta resulte proporcional al riesgo constatado.
