La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene claro el futuro de Muface y el resto de mutualidades en España. Tal y como ha expuesto en el informe, desde su punto de vista, lo más eficiente es una fórmula en la que se cierre el grifo de nuevos funcionarios adheridos al sistema. Esto implica que el número de mutualistas –algo más de dos millones entre Muface, Isfas y Mugeju– solo podría ir a menos, ya que solo habría salidas –los fallecidos–, sin entradas –nuevos funcionarios–.
Esto supondría la muerte lenta del sistema mutualista tal y como se conoce actualmente, lo que en la terminología de seguros supone como una cartera en run-off. El organismo independiente basa esta conclusión en la presentación de la fase 1 del 'Spending Review' 2022-2026 sobre el mutualismo administrativo.
De esta manera, las aseguradoras que formen parte del concierto (hasta ahora Adeslas, Asisa y DKV, con el rechazo de ésta última del próximo contrato) no podrán captar más cartera más allá de los más de 1,5 millones de funcionarios que hay en el sistema actualmente. Tal y como ha explicado la presidenta de la AIReF Cristina Herrero, "este colectivo de funcionarios tienen que adherirse sí o sí al sistema de la mutualidad, y ya de ahí eligen si optar por un sistema de salud que proveen las aseguradoras, o bien por la sanidad pública", expuso.
El estudio justifica, en primer lugar, como Muface y sus iguales para el colectivo de militares y jueces son únicos en Europa. Así, muestra como países como Italia, Grecia o Portugal, que financian la sanidad universal con impuestos, han realizado la integración de los funcionarios en distintas reformas.
Por ello, además de proponer que no haya nuevos adheridos a las mutuas, también apuesta por realizar un "proceso consultivo" durante el nuevo concierto a todos los funcionarios sobre si prefieren aportar en la mutualidad o bien realizar cotizaciones comunes a la Seguridad Social. Esta adscripción voluntaria se ejecutaría, según el organismo, en un medio plazo, y se ejecutaría de forma "progresiva", y a la vez afirma que debería haber un refuerzo en el sistema público para acoger a esta población.
En todo caso, la AIReF aclara que no propone un trasvase masivo de todos los mutualistas de golpe a la sanidad pública, sino que esto debería ser un proceso "transitorio", y que a su vez el sistema público tendría que verse reforzado para acoger a esta población.
Estas decisiones las fundamenta la AIReF en un estudio que ha acogido a más de 400 millones de microdatos y una encuesta a 16.000 mutualistas. En él se desvelan cuáles son las preferencias de este colectivo y por qué optan por una u otra opción.
Y es que Muface, Isfas y Mugeju tienen una particularidad: de manera obligada están adheridos a las mutuas y realizan aportaciones aunque luego dejen en manos de la sanidad pública su salud y no opten por las aseguradoras. Estos "mutualistas públicos" provocan duplicidades, ya que generan ingresos en el sistema pero no gastos –solo farmacéuticos–. Por tanto, dentro de las mutuas existe un subsistema público con un superávit de 573 millones que contrarresta el déficit de 536 millones de los "mutualistas privados", que son los funcionarios que eligen a las aseguradoras y que también generan gastos.
Ventajas y desventajas
Otro de los argumentos en los que se sustenta la AIReF es que hasta el 72% de los nuevos funcionarios ya elegían la sanidad pública por delante del modelo privado, lo que disminuye el número de beneficiarios –generalmente los hijos de los funcionarios– y hace que no haya una renovación de cartera. José María Casado, director de la división de evaluación de gasto público de la AIReF, desveló que esta preferencia se acentúa en aquellos con tratamientos oncológicos como quimioterapia o servicios de nefrología o diálisis. Asimismo, hasta el 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros públicos, porcentaje que se eleva hasta el 90% si el funcionario es menor de 40 años.
No obstante, los mutualistas también reflejan en la encuesta que con el sistema privado tienen una mayor accesibilidad a consultas y pruebas diagnósticas, debido a menores tiempos de espera. Y es que las tasas anuales de consulta de los especialistas en el sistema privado de Muface, con independencia de la adecuación clínica, cuadruplican a las de la sanidad pública. En algunos casos como en la traumatología, hay 168 consultas por cada 1.000 habitantes en el sistema público, mientras que en el sistema privado de Muface es de 706 consultas cada 1.000 personas.
Esto supone el primer motivo que dan los funcionarios por el que optar por el modelo de sanidad privada, aunque el estudio también desvela que la cercanía al domicilio es uno de los principales factores de elección para el sistema público en detrimento del privado. Y es que según descubrió Casado, la infraestructura de la sanidad pública alcanza el 93% de los municipios, por apenas un 16% de la presencia de la sanidad privada.
Poca eficiencia farmacéutica
Además, la AIReF dio un tirón de orejas al sistema de Muface en cuanto al aumento de costes en el sector farmacéutico. Según detalla el informe, Muface, Isfas y Mugeju "limitan algunas de las ventajas inherentes en economías de escala de los modelos de aseguramiento de riesgo compartido y provisión directa". Esto se debe a que la sanidad pública congrega a más de 47 millones de habitantes, mientras que el colectivo mutualista a apenas 1,5 millones de personas.
Según el informe, en algunos casos el coste de medicamentos hospitalarios a pacientes es casi seis veces superior en el sistema privado de Muface que en la sanidad pública.
También añade el estudio las disparidades en la utilización de medicamentos genéricos. En la pública esto alcanza el 40% de los casos, mientras es el 32% en la privada. Ocurre de igual forma en los biosimilares, donde hay diferencias de hasta 23 puntos porcentuales entre la pública y las aseguradoras.
Por ello, la AIReF recalca que el sistema que sustentan las aseguradoras debe tener una mayor colaboración con el sistema público, así como subraya el menor desarrollo de la receta médica en el sistema privado.
Madrid aumentaría sus fondos en sanidad si desaparecieran las mutuas
Este estudio, además de detallar los aspectos de posibles mejoras de las mutualidades, también ha hecho un supuesto de qué sucedería si las comunidades autónomas tuvieran que absorber la totalidad de funcionarios con el reparto actual del Fondo de Garantía y del Fondo de Competitividad para financiar la sanidad pública en cada territorio.
Los resultados reflejan como Madrid, Extremadura y Andalucía serían los que ingresarían una mayor cantidad de fondos si esto sucediera. Esto se debe a que la cantidad de funcionarios que optan por las aseguradoras en su mutua representa un porcentaje mayor dentro de la población del Sistema Nacional de Salud (SNS). Las regiones ingresarían un extra de 79, 17 y 104 millones respectivamente.
La contrapartida la tendría Cataluña. Al tener un menor porcentaje de funcionarios que opten por el seguro privado entre su población, la autonomía perdería 183,5 millones del reparto actual. La Comunidad Valenciana sería la segunda peor parada, con 37,2 millones menos.
El informe también trajo reacciones, aunque no de las aseguradoras implicadas –Adeslas, Asisa y DKV– , que guardan silencio . Entre ellas, la de la patronal de la sanidad privada (ASPE). Su presidente, Carlos Rus, cree que se utilizará para "acabar con el modelo" y define como "incongruente" recomendar la sanidad pública a los funcionarios mientras reconocen a la privada su mayor accesibilidad. Por su lado, CSIF también se opuso a los argumentos de la AIReF y cree que las reflexiones no deben "servir como excusa para desmantelar el modelo, sino para mejorar y fortalecer el mutualismo administrativo, como se ha propuesto en especial desde Sanidad", explican.