La incertidumbre que ha habido con el concierto de Muface está pasando factura a la mutualidad y a las aseguradoras que la componen. En tan solo dos años la sanidad pública –opción que se acogen los funcionarios que no escogen a las aseguradoras del concierto– ha crecido con más de 100.000 nuevos funcionarios, superando ya el medio millón de afiliados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por poner en contexto, en Muface hay un poco más de 1,5 millones de personas, de los cuales 1 millón eligen la opción de entidad privada. Es decir, que estos 100.000 nuevos funcionarios que han escogido la sanidad pública representan un 10% del total.
No obstante, esto no implica que las compañías hayan perdido esa cifra en favor del sistema público. El total de adheridos a aseguradoras ha descendido, pero entre 2023 y 2024 ha caído en 30.000 personas. Esto es porque la base, que es el total de funcionarios que disponen de Muface, ha crecido un 5%.
Según reporta la mutualidad en su portal de datos [ver gráfico], las aseguradoras han perdido representatividad en los funcionarios de Muface, pero no en proporción de los nuevos adheridos a la sanidad pública. Esto se debe a la renovación del colectivo, que no es más que la diferencia entre aquellos funcionarios que fallecen y los nuevos empleados públicos. Pero como bien se indica, la mayor proporcionalidad de las aseguradoras años atrás hace que aquellos que fallecen sean, en su mayoría, adheridos a una compañía.
Esto, sumado a que los nuevos funcionarios en su mayoría optan por la sanidad pública –aproximadamente siete de cada diez– explican el porqué del auge de esta opción.
Sin contar 2025
El concierto de Muface lleva siendo objeto de tensión desde después del verano de 2024, cuando las negociaciones entre aseguradoras y el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, no llegaban a buen puerto.
Fruto de ese desentendimiento llegó la primera licitación en octubre, que contemplaba un incremento de la prima del 17,12% para los dos próximos años, es decir, hasta 2026. Dicha oferta fue rechazada por todo el sector, quedándose desierta. Tras ello, la segunda licitación también apuntaba a fracaso a pesar de que el aumento de prima ya era del 33,5%, pero la duración crecía un año más, hasta 2027. Solo Asisa parecía dispuesta, hasta que Función Pública negoció con Adeslas su continuidad con una mayor financiación. Finalmente se pasó a un incremento de primas del 41,2% hasta 2027, contrato que aceptaron Adeslas y Asisa y al cual no acudió DKV.
Sin embargo, toda esta incertidumbre no refleja los datos de cambios entre compañías y nuevas adhesiones, ya que los empleados públicos hasta ahora solo disponían de una única ventana para hacerlo, que era en enero. A pesar de ello, 44.000 personas optaron por un cambio, no siendo ni de lejos el año que más transacciones se han registrado. El 2010 cambiaron casi 300.000 personas, debido a que fue el año que aseguradoras como Mapfre y Caser salieron del concierto.
Falta por conocer ahora los datos de lo que llevamos de año, sabiendo ya que DKV no continuará en el modelo. Por tanto, 200.000 asegurados tendrán que optar por la sanidad pública o por Adeslas o Asisa, las únicas que continúan. En enero de 2025, los adheridos a Muface han podido solicitar el cambio, pero solamente al INSS, ya que aún no se sabía qué compañías estarían en Muface. Durante el mes siguiente a la adjudicación del contrato, Muface abrirá una segunda ventana de cambio, tanto entre entidades como a la sanidad pública o viceversa, por lo que se espera que sea de los años con mayor movimiento, siendo la gran beneficiaria la sanidad pública.
Mayor uso del seguro
Otro de los factores que puede conllevar un mayor traslado a la sanidad pública es el estado de listas de espera en el que está sumergido Muface en las entidades privadas. Con la posibilidad de que la mutualidad pudiera desparecer si ninguna aseguradora acudía, muchos pacientes optaron por concertar citas en un periodo corto de tiempo, colapsando los sistemas. Esto también ha provocado lo que los sindicatos consideran como una "desatención sanitaria", ya que muchos no han podido acudir al médico o especialista con la frecuencia deseada.