Con la huida de Adeslas y de DKV de Muface, Asisa se queda sola ante el peligro. Porque en cualquier otra situación, acceder a un mercado de algo más de 700.000 nuevos clientes sería una oferta más que jugosa para cualquier compañía, pero no sucede así con una licitación de la que otras como Sanitas, Mapfre o Caser ya salieron en el pasado por una falta de rentabilidad que, con el último concierto, ha supuesto que se vuelvan unas pérdidas "ruinosas", según fuentes de las aseguradoras que hasta ahora forman parte del convenio.
Las tres compañías acusan al Gobierno de que en el último contrato han perdido 429 millones de euros e inciden especialmente en que la duración del mismo ha sido una de las principales razones para este resultado, ya que imposibilitaba corregir la dotación económica con un incremento en las primas más parejo con el gasto sanitario.
Ante esta tesitura, el Gobierno decidió, después de fracasar en la licitación de octubre con un incremento en las primas del 17,12% en dos años, volver a la fórmula de tres ejercicios. La fecha de 2027 se antojaba clave, ya que Moncloa se ahorraría el quebradero de cabeza de Muface en todo lo que queda de legislatura, pero ha sido de nuevo el punto de discordia entre aseguradoras y el Ministerio de Función Pública, responsable del concierto.
Hasta ahora, Asisa ha sido la única compañía dispuesta a asumir esos tres años, pero una de sus líneas rojas que mostró en el contrato de octubre fue el no acudir en solitario. El argumento parece haber cambiado, y ahora la aseguradora del grupo Lavinia dice estar "haciendo cuentas" para afrontar la licitación en solitario. Sin embargo, los 700.000 funcionarios que tendría que acoger de manera repentina parecen ser el principal obstáculo de estas intenciones.
De hecho, con números similares –un millón de personas–, la Fundación Idis, que representa los intereses de las aseguradoras, indicaba el crecimiento en costes que podría suponer acoger a todas esas personas en el sistema sanitario público, así como el aumento de las listas de espera que se producirían. Todo ello contando con que la sanidad pública tiene un sistema de infraestructuras y de profesionales infinitamente mayor que cualquier aseguradora.
Por eso, y también por los exigentes requisitos que contemplan los pliegos para Muface, que Asisa –o cualquier otra– pueda abarcar un concierto de estas dimensiones por sí sola parece utópico si no se asume que habrá un empeoramiento de las condiciones para los mutualistas. La aseguradora tendría que ampliar los medios y los profesionales de forma exponencial para que esto no suceda, pero los algo más de 1.000 millones que recibiría anualmente no serían suficientes.
La única opción que se vislumbra como una posibilidad de evitar que la licitación no fracase pasa porque haya una gran desbandada de funcionarios a la sanidad pública. Actualmente, de los 1,5 millones de trabajadores públicos que pueden adherirse a la mutualidad, algo más de 1 millón optan por la vía de las aseguradoras, un 70%. Pero si la cifra se reduce y Muface pasa a ser una mutualidad menor –y el presupuesto actual se mantiene–, Asisa podría salvar el match ball e incluso sacar rentabilidad a la licitación, siempre y cuando aquellos que renuncien al seguro privado sean, en su mayoría, los más mayores.
Hasta ahora no hay datos disponibles de cuántos funcionaros se han cambiado a la pública, pero con Muface contra las cuerdas después de la decisión de DKV, la cuesta de enero se va a hacer muy larga, ya que hasta final de mes los adheridos a la mutualidad tienen la opción de salirse del sistema.
