Especial ESG
El calentamiento global y los diferentes fenómenos meteorológicos adversos preocupan y ocupan al sector financiero. Supervisores y reguladores han colocado el riesgo climático entre las prioridades que deben atender tanto bancos como aseguradoras, lo que obliga a asumir su ocurrencia y potenciales consecuencias entre el catálogo de riesgos a gestionar en el día a día del negocio elevando la responsabilidad última de la tarea a lo más alto de las cúpulas y consejos de administración.
Los daños materiales potenciales de episodios como la devastadora DANA que ha golpeado Valencia son susceptibles de pasar factura directa a ambos sectores, pero también se abre un abanico de oportunidades de actividad y negocio en el desafío de ayudar a empresas y familias en la transición hacia una economía descarbonizada.
El Banco de España estima que la banca tiene en balance unos 20.200 millones de euros en créditos otorgados a hogares y compañías residentes o radicadas en los municipios afectados por la DANA. Incluye 10.000 millones en préstamos y créditos con 472.000 titulares, entre los que figuran más de 150.000 titulares de un préstamo para vivienda; y otros 7.200 millones otorgados a unas 23.000 compañías (alrededor del 90% a pymes). Aunque no supone un riesgo sistémico para la industria, son créditos vulnerables, aunque su conversión o no a impago dependerá cómo se recupere la actividad en la zona y del despliegue de las ayudas y la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros.
En cualquier caso, el episodio pone en evidencia la necesidad de afinar estrategias para su gestión. El propio Banco de España ha puesto en marcha más estudios técnicos relativos a los daños del cambio climático y ha reclamado a las entidades "evaluar y gestionar su cartera de activos con una perspectiva de sostenibilidad", para lo que resulta esencial mejorar las bases de datos y las metodologías de medición. Para evitar riesgos excesivos, el Banco Central Europeo (BCE) y la EBA (autoridad bancaria europea) han desplegado medidas como los test de estrés climáticos o el ratio de activos verdes o GAR (green asset ratio), que exige a las entidades medir el peso de los activos que financian o se invierten en actividades económicas consideradas sostenibles sobre el total de activos y que en el futuro tendrá en cuenta para analizar los requerimientos de capital.
Al sector bancario le toca gestionar y ejercer al tiempo el rol fundamental de financiar la transición hacia una economía verde. Al regulador y supervisor les toca acompañar y favorecer esa contribución con una normativa alineada con la transición que les permita identificar y diferenciar los proyectos verdes de los que no los son.
Financiar la descarbonización
Al sector bancario le toca gestionar el riesgo y ejercer al tiempo el rol fundamental de financiar la transición hacia una economía verde. Al regulador y supervisor les corresponde a su vez acompañar y favorecer esa contribución con una normativa alineada con la transición que les permita identificar y diferenciar los proyectos verdes de los que no los son. Se estima que solo la descarbonización exigirá reorientar hacia inversiones sostenibles el equivalente a un 8% del PIB mundial cada año, hasta lograr en 2050 la meta de cero emisiones netas.
En el caso de España, Mckinsey cifra el esfuerzo en el 6,2% del PIB anual –unos 92.900 millones, tomando de referencia el PIB de 2023 estimado por el INE–. Los bancos han puesto foco fijándose ambiciosos objetivos de movilización de financiaciones sostenibles, están reforzando los equipos de gestores especializados y enriqueciendo el catálogo de productos y servicios tanto para atender necesidades de empresas como de particulares. BBVA, por ejemplo, movilizó 71.000 millones en financiación sostenible entre enero y septiembre pasados, dentro de su ambición de alcanzar los 300.000 millones entre 2018 y 2015.
Santander ha superado el reto de alcanzar los 120.000 millones antes de 2025 que se fijó a finales de 2019, y persigue llegar a los 220.000 millones para el año 2030. Sabadell se impuso llegar a los 65.000 millones en 2025 desde 2022, y CaixaBank ha contabilizado a su vez 74.700 millones desde 2022 y hasta el pasado septiembre y ahora se propone sumar otros 100.000 millones con su nuevo plan estratégico 2025-2027. Son cifras que incluyen su actividad en las diferentes geografías en las que operan.
Poniendo foco en España y según el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), el mercado de financiación sostenible ascendió el año pasado a 60.788 millones de euros, con un incremento del 1% que estuvo respaldado por nuevos productos y servicios y nuevos participantes.
La financiación llega a través de financiaciones convencionales y estructuras para financiar, y con emisiones de deuda. Las colocaciones en bonos totalizaron el pasado año los 21.215 millones, con 15.313 millones en emisiones verdes, 1.502 millones en bonos sociales, 3.300 millones en sostenibles y 1.100 millones en bonos ligados a la sostenibilidad. En conjunto, supone un 18% de los bonos emitidos en el mercado español de renta fija, excluida la financiación del Tesoro Público, y alcanza un nuevo récord del 65% en el sector Corporativo.
Un coste de 685 millones
La industria del seguro es una de las grandes damnificadas por el cambio climático, ya que es el actor principal a la hora de actuar en las indemnizaciones. Hasta 685 millones de euros le costó a las aseguradoras los percances por los fenómenos atmosféricos extremos en el 2023, lo que constituye un crecimiento del 47,6% respecto al 2022.
De todos los riesgos,el seguro multirriesgos es el que más actúa en estas situaciones, ya que dentro de estas coberturas se incluyen los comercios, las comunidades de vecinos, los hogares o las industrias, entre otros. Estos son los bienes, junto a los automóviles, que son más propensos a ser dañados por eventos como inundaciones, granizo, vientos extremos... y, prueba de ello, son los más de 2.400 millones que han depositado las aseguradoras en indemnizaciones durante los últimos cinco años por daños relacionados con el clima en el ramo de multirriesgos.
En lo que respecta al último año, son 586 millones de coste, es decir, el 85% de las indemnizaciones del 2023. Los hogares son los más damnificados, con cantidades de pagos que rozan los 300 millones de euros, seguido de las industrias, que superan los 150 millones. Por último, entre el seguro de comunidades y el de comercio apenas llega a 100 millones. La lluvia fue el mayor causante de daños en este ramo, con más de 220 millones de euros, seguido del viento, con casi 210 millones y el granizo, con prácticamente 150 millones. Pero sin duda, el campo puede ser el sector más afectado por los temporales, ya que su producción depende del clima.
De ahí que Agroseguro, que agrupa a las principales compañías, haya visto incrementado los pagos para compensar las pérdidas de cosechas. El año pasado fueron 1.241 millones de euros, un incremento de más de 400 millones comparado con el 2022 y prácticamente el doble que lo indemnizado en 2019.
La DANA, un antes y un después
Este 2024 transcurría sin grandes inclemencias más allá de la sequía que afectó al campo durante la primavera y el verano. Pero a finales de octubre, la DANA asoló alrededor de 90 municipios de Valencia, además de algunas zonas de Albacete y Cuenca. Otro temporal además inundó zonas residenciales en Almería y Málaga, aunque no con tanta intensidad, ya que la primera, aparte de registrar las mayores indemnizaciones de la historia del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), con una estimación de 3.500 millones de euros, se saldó con la vida de más de 200 personas.
Para tener en cuenta la magnitud del suceso, desde que se creó el Consorcio, el siniestro más caro de la historia fueron las inundaciones de Bilbao de 1983, que no llegó a los 1.000 millones de indemnización. Desde 2017, el fenómeno más costoso fue la borrasca Gloria, que supuso 306 millones de desembolsos, diez veces menos que la última DANA.