El juez José Luis Calama ha enviado al banquillo a 13 directivos y a PwC por los posibles delitos de "falsedad contable", "estafa a los inversores" y "falsedad documental". Los procesados han sido acusados por organizar la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 y por la presunta falsedad contable en las cuentas anuales de 2015 y 2016, y en los estados financieros intermedios de 2016, según consta en el auto de apertura de juicio oral emitido esta mañana.
Los acusados serán enjuiciados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el juez de instrucción ha fijado la posible responsabilidad civil de los acusados en 2.277.658.321,17 euros provisionalmente. El Banco Santander ha sido exonerado de responsabilidad directa en el proceso, pero sí lleva a la entidad financiera a juicio por ser responsable civil subsidiario al comprar al Banco Popular y ser su "sucesor universal" a efectos legales.
El Banco Santander compró al Banco Popular en 2017 por el precio simbólico de un euro y una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. La firma absorbió al Popular e integró los clientes y servicios en Santander. Tiempo después, 22.000 accionistas minoritarios se personaron contra los dirigentes del Popular por permitir presuntamente falsificar las cuentas.
De los 13 directivos acusados, destaca Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, a quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel por los presuntos delitos de falsedad económica-financiera. Entre los acusados también se encuentra Francisco Gómez Martín, ex consejero delegado del Popular, y Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, auditores de PwC, a los que la Fiscalía acusa como cooperadores del delito. La Fiscalía ha considerado a PwC como responsable subsidiario y no directo, aunque la firma igualmente se sentará en el banquillo tras ser señalado por las acusaciones como cooperador de un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera por ser el auditor.
Las defensas tienen un plazo de veinte días para presentar sus respectivos escritos. La Sala de lo Penal determinará, finalmente, las penas solicitadas por la acusación y la Fiscalía.