La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la opa de BBVA a Sabadell difiere del procedimiento seguido en otras fusiones bancarias. El organismo aprobó la integración de Bankia en CaixaBank y de Liberbank en Unicaja, últimas transacciones y más asimilables al caso, con condiciones limitadas y fácilmente asumibles para las entidades involucradas.
El escenario era diferente en la medida que tuvieron lugar en 2020, cuando las incertidumbres por la pandemia y la ya larga travesía de la banca en tipos negativos arrojaba dudas sobre la capacidad de las entidades para generar resultados y rentabilidades.
Fue entonces cuando Sabadell y BBVA negociaron una fusión que se frustró por el precio, y es algo que el grupo vasco alega en favor de la transacción mientras que el vallesano alerta sobre un dañino impacto para las pymes, salvo que se fijen garantías para preservar el flujo de su financiación como podría ser segregar parte del negocio y venderlo a un tercero.
Una situación así podría torpedear la opa, ya que el interés de BBVA es, precisamente, el atractivo negocio de pymes de Sabadell. El grupo vasco confía en que, aunque la operación haya entrado en una fase de escrutinio pormenorizado, la CNMC no fijará condiciones o "remedies" estructurales, como tampoco hizo en las otras fusiones.
Las mayores condiciones las fijó el organismo para CaixaBank, que al absorber Bankia creó un grupo con 664.027 millones de euros en activos, 23,4 millones de clientes en España y Portugal y una plantilla de 51.536 trabajadores. De un lado se obligó a vender el 9,4% de Bizum, el 16,2% de Servired, el 11,04% de Redsys y el 3,9% en Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, pero por las condiciones fijadas por la propia banca en los estatus de las filiales en cuanto a la posición que cada entidad puede tener.
La CNMC requirió a CaixaBank, sobre todo, condiciones ligadas a la oferta a clientes. Por un lado, tuvo que mantener la gratuidad en el uso de los cajeros automáticos de los clientes de ING y Sabadell durante un tiempo, en virtud del acuerdo que Bankia tenía con ambas entidades de manera directa o a través de Euro6000.
De otro lado, el organismo detectó riesgos para la competencia en 86 localidades (códigos postales) de los alrededor 11.750 existentes en España en la fusión de CaixaBank -en la de Unicaja-Liberbank en tan solo tres municipios de Cáceres-, donde exigió medidas para evitar problemas de competencia. CaixaBank se comprometió a no abandonar, salvo en situación excepcional y previa autorización de la CNMC, ningún pueblo donde solo hubiese oficinas propias o de Bankia para evitar problemas de exclusión financiera -medida que afectaba a 21 localidades-.
En los 65 municipios identificados se obligaba además a preservar las condiciones contractuales a los clientes de Bankia durante tres años y la gratuidad que tenían en algunas operaciones. En caso de cambios de condiciones también fijaba un preaviso con entre 30 y 60 días y que la oferta de productos nuevos en esos casos no fuese en peores condiciones para ellos.
En Unicaja-Liberbank, el banco se comprometió con condiciones similares en los tres municipios problemáticos de Cáceres para garantizar que no se empeoraban las condiciones de los clientes allí de Liberbank.
Compromisos de BBVA
Para conducir la opa a su terreno, el BBVA ha garantizado financiación en circulante a las empresas durante doce meses, en un guiño claro a las pymes y autónomos. El banco vasco también aseguró una sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la otra en la Ciudad Financiera de BBVA en Madrid, además de la creación de un hub europeo para startups en Barcelona.
Con respecto a oficinas y empleados, se comprometió en que no dejará ninguna localidad donde solo quede una sucursal suya o de Sabadell y que el ajuste en personal será negociado, primando la voluntariedad y limitado frente a otras fusiones porque ambos bancos ya redujeron en 2021 sus plantillas. Aseguró también mantener el negocio de pymes de Sabadell, objetivo último de la operación.