Una cuenta en BBVA. Esa fue la forma que idearon el presidente de la entidad, Francisco González, y su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, para ocultar los pagos al excomisario José Manuel Villarejo. Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a fin de ocultar a terceros la existencia de la persona de Villarejo y facilitar el pago de las facturas se firmó un contrato general, " que no delataba el auténtico objeto" del mismo, por lo que ahora irán a juicio.
Villarejo abrió la cuenta en una oficina del banco en la calle Orense de Madrid y Corrochano avisó al director de la misma, José Manuel Lucena Herrera "para que lo hiciese con celeridad y sin trabas". Para llevar a cabo la operación con la mayor discreción, Villarejo envió a un empleado de Cenyt, Rafael Redondo, que era la cara visible de la empresa, y a Gemma Isabel Alcalá. La cuenta estaba a nombre de Cenyt, figurando ambos como representantes. Se abrió con fecha de 2 de diciembre de 2.004 y permitió de este modo los pagos. El contrato por objeto "un asesoramiento continuo y sostenido, durante las 24 horas del día, sin interrupción de fines de semana ni festivos, desde el momento de la aprobación hasta finales de febrero de 2005", según consta en el mismo. BBVA se comprometía a abonar la cuantía de 510.000 euros sin IVA, que se dividían en 270.000 euros como provisión de fondos y 240.000 euros a la finalización del mismo.
En el auto hecho público ayer, de 268 páginas, el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica como elexpresidente de BBVA Francisco González no solo estaba al tanto de la contratación del excomisario Villarejo, sino que fue él quien dio la orden expresa. "No solo autorizó las actividades ilegales para las que había sido contratada Cenyt, sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo" asegura el magistrado, que sienta en el banquillo no solo a González, sino también al banco como entidad jurídica y a una docena de directivos y policías.
Entre las personas que irán a juicio no está Carlos Torres, el actual presidente del banco, que declaró ya que no conoció los contratos con Villarejo hasta el año 2018. El juez explica que "la contratación de Cenyt realizada por Corrochano fue posible por los poderes que le otorgó la Comisión delegada del BBVA en su reunión del día 3 de mayo de 2004, en la que se incumplió la normativa interna de conformidad con el marco general de control y gestión del gasto". De conformidad con esta norma, "ningún directivo, ni empleado en general, podía contratar por su cuenta y riesgo ningún servicio, pues la misma se basaba, entre otros principios, en la segregación de funciones, asegurando la debida conexión entre los diferentes intervinientes y siempre de conformidad con las funciones delegadas, debiendo regirse el proceso, entre otros principios, por la transparencia en la adquisición y su previa previsión en el presupuesto general o gestionarlo de conformidad con el tratamiento excepcional".
En el auto el magistrado deja claro por ello que no es suficiente con tener un código de conducta o una normativa interna de control, sino que, además, hay que cumplirla. "Es decir, no basta, ni mucho menos, con la existencia de la norma, al resultar imperativo que la misma también se ejecute, esto es, se cumpla. De forma que la cultura ética implique tanto su conocimiento como su respeto, ya que, nada puede ser menos ético que, existiendo la norma exista igualmente la cultura de su incumplimiento sin consecuencias". Eso es algo que no pasó en BBVA y, por lo que ahora, será juzgado también como persona jurídica.
