La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado este martes que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron debe ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable supuestamente cometidos en la ampliación de capital del 2016, previa a la resolución de la entidad. Esta decisión se conoce apenas unos días después de que la propia Audiencia decidiese dar carpetazo y archivar definitivamente la causa por la ampliación del año 2012.
En un auto remitido este martes, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso que presentó Ron contra la decisión del juez José Luis Calama de proponer sentarle en el banquillo de los acusados. Fue el pasado mes de marzo cuando el instructor dictó ese auto, en el que aseguraba que los inversores acudieron "engañados" a la ampliación.
Fue a principios del pasado mes de marzo cuando el magistrado acordó procesar a trece directivos -entre los que se cuentan Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera- y a la consultora PWC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
La defensa de Ron recurrió asegurando que la investigación puso de manifiesto "la ausencia de todo indicio de actuación delictiva" en su gestión. "La tesis incriminatoria asentada por Juzgado es el resultado de prescindir de la abundante prueba de descargo, señaladamente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, elaborada por funcionarios del Banco de España", criticó.
Además, en su recurso lamentaba que el magistrado acogiera "exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento, que ha obviado los indicios y evidencias de descargo y legalidad que avalaban toda la gestión de la entidad".
La Sala de lo Penal, sin embargo, deja claro que comparte los criterios y los fundamentos esgrimidos por el juez Calama en la resolución recurrida para atribuir, al menos de manera provisional, responsabilidad penal a Ángel Ron.