La cúpula de Banco Santander manejaba el escenario de una posible intervención de Banco Popular desde mayo de 2016, momento en que el consejo de administración de esta última entidad todavía no había dado el visto bueno a la ampliación de capital que se llevó a cabo ese mismo año y más de catorce meses antes de que se produjese la resolución. Así lo señala el juez José Luis Calama Teixeira en el auto que concluye la fase de instrucción del caso Popular y llevará a juicio al expresidente de la entidad, Ángel Ron, la auditora PwC y otros 12 directivos.
En concreto, y de acuerdo con la información del acta de la Comisión Ejecutiva de Banco Santander del 16 de mayo de 2016 que se incluye en el auto, Ignacio Benjumea, entonces consejero ejecutivo de la entidad, señaló durante la reunión de ese día que "si se está pensando en un escenario de intervención del Banco Popular...". Además, en la misma intervención, mencionó que sería conveniente contar con información adicional sobre proyecciones de necesidades de inversión de impactos en cuentas y ratios "a fin de estar preparados para posibles fases posteriores de este proceso".
Este movimiento se produce antes de que el propio consejo de Popular se reuniese para dar luz verde a la ampliación de capital en la entidad por 2.500 millones el 25 de mayo de 2016. Ese mismo día, unas horas antes de ese movimiento, la comisión de auditoría de este órgano había decidido llevar la denominada Operación SKY al máximo órgano del banco. Bien es cierto que el 11 de abril de ese mismo año la junta de accionistas de Popular había dado el visto bueno para que el consejo pudiese hacer movimientos de ampliaciones de capital, pero a través de un procedimiento habitual y sin desgranar intención alguna. La ampliación se comunicó al mercado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 26 de mayo de 2016, diez días después de que en la Comisión Ejecutiva se mencionase la posibilidad de que Popular fuese intervenido.
Además, y según la documentación que se adjunta en el mismo auto, Santander, al igual que otras entidades como Bankia, Sabadell y CaixaBank, accedió al data room en el que se volcaron las cifras de Popular hasta principios de mayo de 2017, es decir, casi un año después de la citada reunión en la entidad cántabra.
Un paso más hacia el juicio
El auto del juez del caso Popular hecho público el pasado lunes, que incluye el extracto de este acta, marca el cierre de la fase de instrucción y propone enjuiciar a Ángel Ron y PwC por presunta estafa en la ampliación de capital de 2016, así como por falsedad contable. En la lista de personas que enfrentarán al juez también figuran otros doce directivos. Por otro lado, quedan excluidos de la lista el expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho, y otros 20 investigados debido a la falta de pruebas. El juez mantiene en suspenso la posible responsabilidad civil de Banco Santander.