El Gobierno elevará este año al "entorno" de 38.000 euros el umbral de renta o ingresos máximos de las familias para poder acogerse a las ayudas hipotecarias desde los 29.400 brutos actualmente establecidos. En paralelo, ampliará durante 2024 la gratuidad en la conversión de las hipotecas variables en fijas que ha estado vigente este año y la extenderá también a los préstamos mixtos. Además, ultima un cambio normativo para prohibir el cobro de comisiones a los ciudadanos mayores de 65 y personas con discapacidad cuando retiren dinero en efectivo de las sucursales.
Los anuncios los realizó este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, después de mantener una reunión con las patronales bancarias, las asociaciones de consumidores y de personas mayores para analizar las medidas de alivio financiero del Código de Buenas Prácticas Bancarias para deudores en riesgo de vulnerabilidad y donde revisaron además los avances en los protocolos para garantizar la inclusión financiera en zonas rurales.
El citado Código obliga a las entidades financieras que se adhieran a buscar soluciones a los hipotecados aplicando carencias o congelación de las cuotas durante un año (será de dos años si los ingresos no exceden los 25.200 euros) o extensiones del plazo de amortización del préstamo en siete años a los hogares que reúnan dicho perfil de vulnerabilidad y soliciten alivios financieros.
Los requisitos para acceder a dicho Código son la vivienda hipotecada sea la residencia habitual del titular del préstamo, que el inmueble no supere los 300.000 euros de valor en el momento de su compra y la cuota hubiese superado el 50% de sus ingresos por la subida del euríbor, además de mantener unos ingresos máximos. Estos últimos se incrementan desde 3,5 veces a 4,5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, sube de 29.400 a 37.800 euros.
El Gobierno cifró en hasta el millón las familias el número de potenciales beneficiarios cuando reguló, pero hasta la fecha la banca apenas ha recibido 55.000 solicitudes de hipotecados de acuerdo a datos facilitados por el Banco de España en la reunión de esta mañana, donde acudió el gobernador Pablo Hernández de Cos. Calviño precisó que a esas cifras hay que añadir aquellas otras que las entidades financieras "proporcionan a sus clientes al margen de estos códigos".
La vicepresidenta atribuyó la baja solicitud a "la fortaleza de la economía española, sobre todo, a la fortaleza del empleo y la mejora de los salarios reales" que "está permitiendo a las familias abordar y afrontar con una notable fortaleza este entorno de rápida subida de los tipos de interés, que afortunadamente ya parece haberse frenado".
Escala el umbral a la "renta media"
Calviño expuso que el interés del Ejecutivo ha sido "tratar de anticiparnos a los posibles riesgos" para dar soluciones, algo que dijo que se buscará con la extensión del umbral de ingresos máximos a 38.000 euros "de renta media" y que correspondería con las familias más afectadas por la subida del euríbor.
"Quiero dejar muy claro que estamos hablando de una red de seguridad", insistió, antes de deslizar que el Banco de España ha cifrado "por encima de los 100.000 hogares adicionales" los que se podrían beneficiar del aumento del tope de renta para acogerse a las medidas de alivio.
Para ayudar a reducir la cuota o adaptar el préstamo a la situación de tipos cambiantes, los titulares de hipotecas variables podrán cambiar a un producto fijo o mixto sin tener que pagar comisiones por amortización anticipada y a futuro adelantó que se topará en un 0,05% este tipo de tarifas de manera permanente. Hasta ahora la gratuidad se había limitado a la franquicia a tipo fijo, pese a la fuerte demanda de los productos a tipo mixto (congelan el interés durante unos años y mantienen el precio ligado al euríbor en los restantes)
Durante su intervención, la vicepresidenta realizó un balance positivo de los protocolos desplegados por las entidades para evitar la exclusión financiera y apuntó que se han garantizado los servicios financieros en más de 200 municipios de más de 500 habitantes que no contaban con ellos, "lo que supone una inclusión de más de 200.000 personas que viven en el ámbito rural". El objetivo es que los municipios con más de 500 habitantes cuenten todos con alguna red física como pueden ser cajeros, ofibuses o por medio de acuerdos con Correos. Entre otros avances, el 82,2% de las sucursales cuentan hoy con horario ampliado, un 94% de los cajeros están adaptados y 277.000 personas mayores ha recibido formación financiera durante el primer semestre del año.
De puntillas por el impuesto y toque por los depósitos
Lo que no se trató en el encuentro es el impuesto a la banca y la posible revisión que apuntaba la vicepresidenta la semana pasada provocando la confrontación con la también vicepresidenta Yolanda Díaz. Frente a la afirmación de Calviño de que se revisará el tributo y el que aplica a las empresas energéticas porque las circunstancias han cambiado Díaz negó la mayor asegurando que "ellos se están forrando".
Al ser cuestionada al respecto, Calviño aseguró que "no hay ninguna novedad" en la revisión del gravamen a la banca y sostuvo que sus palabras están "alineadas" con "el acuerdo de Gobierno" entre PSOE y Sumar. Afirmó que sus palabras "han sido las mismas" que ha mantenido al respecto desde el inicio y mantienen otros miembros del Ejecutivo y se encuentran "absolutamente alineadas con lo que prevén las leyes de los impuestos con lo que prevé el acuerdo de Gobierno".
Sí aprovechó, sin embargo, para conminar a la banca a remunerar el ahorro. "Hemos hablado de la necesidad de adaptación de la remuneración de los depósitos. Hemos constatado que se ha avanzado que desde la última reunión, ha mejorado la remuneración, pero hemos instado a la banca a terminar de cerrar el gap que existe en España y Portugal con respecto al resto de Europa en este ámbito", agregó.
